Trabajadores de Incoesa temen que las ayudas del Gobierno hayan servido para la deslocalización de la planta de Bedia

BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Incoesa en Bizkaia han expresado su temor a que las ayudas otorgadas por el Gobierno vasco a la compañía hayan servido para "financiar la deslocalización" de la planta de Bedia, y han pedido al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, que explique el destino del dinero otorgado.

En un comunicado, la central abertzale ha recordado que el pasado viernes, 18 de octubre, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, reconoció en sede parlamentaria que el Gobierno vasco habría otorgado, entre 2007 y 2012, ayudas por una cantidad próxima a los 2 millones de euros al grupo empresarial Incoesa.

La ayuda, según Tapia, se otorgó a través de los programas Gaitek, Innotek, Etorgai y Saiotek, y estaba cifrada en los 988.344 euros para el periodo 2007-2009 y en los 961.503, entre los años 2010 y 2012. La consejera aseguró que las ayudas estarían "debidamente justificadas" por cumplir con la base de dichas ayudas.

LAB ha afirmado que los trabajadores de Incoesa temen que "estas ayudas pudieran haber servido para financiar la deslocalización" de la compañía y ha denunciado que "si bien ese dinero fuera invertido teóricamente en programas de investigación y desarrollo, no ha visto aplicación alguna en la producción de la planta en Bedia, mientras la empresa construía sus plantas de Soria y Extremadura".

A su juicio, la "acreditada falta" de inversiones en los últimos años en la planta de Bedia "contrastaría con el dinero concedido por el Gobierno vasco para programas de Investigación y Desarrollo". Por ello, los trabajadores solicitarán al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad "que aclaren cuáles de las empresas del grupo Incoesa fueron beneficiarias de dichas ayudas, o en qué plantas de dicho grupo empresarial se están poniendo en práctica esos proyectos de investigación y desarrollo".

LAB asegura que los trabajadores "temen haber sido engañados" al tener conocimiento de que "el dinero de todos, el que aportaba el Gobierno vasco como ayudas a la investigación, pudiera haber sido destinado por la empresa a destruir el tejido productivo" vasco ante "la pasividad de las propias instituciones que lo financiaban".

Tampoco descartan solicitar una reunión con la propia consejera y una nueva comparecencia en la comisión parlamentaria para los próximos días. Esta semana, Tapia se reunirá con representantes del área de Desarrollo Económico de la Diputación para tratar la aplicación de la Norma Foral antideslocalizacion del 2007.