TSJPV rechaza la denuncia de Manos Limpias contra Ibarretxe y dice que su propuesta es "de estricto ámbito político"

BILBAO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado admitir a trámite la denuncia interpuesta por Manos Limpias a principios del pasado mes de octubre contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por su propuesta política que incluye la celebración de una consulta. El alto Tribunal vasco asegura que la iniciativa de Ibarretxe es "de estricto ámbito político y ajeno al proceso penal".

En su escrito, el sindicato de funcionarios públicos denunció que Ibarretxe pretende promover una consulta que "comparte los objetivos de ETA" y considera que, con su iniciativa, "se incita al desafío, a la confrontación, a la quiebra y a la ruptura del Estado de Derecho y del sistema constitucional". Por ello, consideró que el lehendakari habría incurrido en un concurso de ilícitos penales que incluiría "los delitos contra las instituciones del Estado, delito de usurpación de atribuciones y delito contra la Constitución (rebelión)".

A través de un auto, con fecha del 27 de noviembre, hecho público hoy, el TSJPV recuerda que en la propia denuncia se constanta que, "hasta el momento, lo único que existe es un anuncio de una propuesta, de una oferta que realiza el señor Ibarretxe como lehendakari de la Comunidad Autónoma vasca" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

CONTENIDO POLITICO

La resolución judicial indica que "el contenido de ese anuncio de propuesta o idea es de estricto ámbito político y, por ello, se comparta o no, resulte adecuada o no, la conducta del lehendakari es intrascendente e inocua para el Derecho penal".

"Si esto es así, es legítimo deducir que, con esta denuncia, se pretende utilizar la vía penal de manera manifiestamente desproporcionada y desde la exclusiva y particular perspectiva del sindicato denunciante".

En este sentido, insiste en que "el acierto o desacierto" de Ibarretxe, "dentro del marco de la función política que legítimamente puede ejercitar como cualquier otro miembro del Gobierno o de cualquier otro partido, es ajeno al proceso penal".

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