Vitoria ofrecerá plazas en el vivero municipal para el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad

VITORIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado este viernes el convenio de colaboración con la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca para el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad. De este modo, desde el Consistorio se ofertarán plazas para trabajos de jardinería en el vivero municipal.

Con este convenio, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a ofertar plazas para cumplir penas, impartir los conocimientos necesarios para realizar las tareas, facilitar el material necesario y realizar un seguimiento para mantener informado al servicio de gestión de penas. La oferta de plazas se concreta en trabajos de jardinería en el vivero municipal, según ha informado el Consistorio de la capital alavesa.

Sus responsables han explicado que el traspaso de competencias exclusivas a Euskadi de la gestión de las instituciones penitenciarias y de reinserción social en octubre hizo necesaria "la renovación del compromiso" del Ayuntamiento mediante un nuevo convenio. Con esta aprobación, se adhiere al convenio ya suscrito entre el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y Eudel para el cumplimiento de prestaciones en beneficio de la comunidad y de reparaciones indirectas.

Los trabajos en beneficio de la comunidad son medidas alternativas para evitar la cárcel o terminar el cumplimiento de las penas y consisten en que la persona penada realice actividades de utilidad pública voluntariamente y sin retribución. "De este modo, la pena se cumple en libertad y sin alterar su vida familiar, laboral y social. Además, se promocionan valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien común", han valorado desde el Consistorio.

Los delitos más comunes cuyas penas se saldan con este tipo de trabajos son los relacionados con la seguridad vial (30%) y violencia de género (20%). El perfil de las personas condenadas en su mayoría son hombres (en un 89% de los casos) de entre 31 y 50 años.