Calle dará otra oportunidad a Extremeña de Grasas si la empresa acepta abandonar "cuanto antes" su actual emplazamiento

MÉRIDA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida, Ángel Calle, anunció hoy que se reunirá el próximo martes con representantes de Extremeña de Grasas para estudiar el posible levantamiento de la medida de cierre cautelar que pesa sobre la empresa desde el pasado mes de agosto, toda vez que ésta ha cumplido con cuatro de las cinco medidas correctoras impuestas por los técnicos municipales encargados de las inspecciones.

No obstante, el alcalde recalcó que la reapertura de la fábrica está sujeta "no" solo a la condición de que los "nauseabundos" olores "disminuyan radicalmente", sino, además, al compromiso "fehaciente y por escrito" de sus propietarios, aceptando abandonar "cuanto antes" el actual emplazamiento de la factoría.

FECHA CONCRETA

Lo que exige el ayuntamiento, subrayó, es "una fecha concreta" para la salida de esta fábrica --cuya ubicación "ya no es adecuada"-- y su traslado hacia las nuevas instalaciones que la empresa construirá en un terreno que ha adquirido en el término municipal de Mérida, pero a unos 10 kilómetros de su situación actual.

En rueda de prensa, Calle explicó que los técnicos municipales que realizan visitas periódicas a las instalaciones de Extremeña de Grasas han constatado que cuatro de las medidas correctoras ya han sido adoptadas. De hecho, añadió que durante la última inspección que efectuaron, los trabajadores de la fábrica "quemaron despojos en su presencia, sin que ellos pudiesen apreciar olores pestilentes".

El punto que aún queda por subsanar, dijo, es el relativo a los vertidos que la empresa evacua hacia la red general de alcantarillado y que están "por encima" de lo que marca la ordenanza municipal.

Respecto a este asunto, señaló, la empresa ha remitido hoy al consistorio un escrito con el que se "compromete a no tirar estas aguas residuales al alcantarillado público, mientras no se corrija" y adecúe el nivel de estos vertidos a los parámetros establecidos por la ley.

Ángel Calle subrayó que su decisión responde a la "necesidad" de "defender el empleo", especialmente en las "difíciles" circunstancias económicas actuales, y en esta línea recalcó que "el valor del trabajo está por encima de cualquier otra consideración".