VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ), 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Agrupación de Electores Ciudadanos de Villafranca solicitará al gobierno municipal, a través de una moción, que se encargue a la secretaría general del ayuntamiento y a una consultoría jurídico-económica independiente y externa la realización de un nuevo estudio sobre el asunto Transidesa.
En concreto, dicho estudio deberá sopesar la posibilidad de emprender acciones judiciales contra el empresario Alfonso Gallardo Díez por el incumplimiento del contrato de compraventa de Transidesa, según el texto de la moción, al que ha tenido acceso Europa Press.
Cabe recordar que en el último pleno celebrado en la localidad se dio conocimiento del informe solicitado desde el consistorio a Fragua Consultores, S.L. "para valorar la posibilidad de ejercitar acciones contra Alfonso Gallardo por el incumplimiento del contrato de compraventa firmado con el ayuntamiento respecto de Transidesa, que contemplaba la obligación de abonar el precio establecido para su venta, 318.000 euros, y el mantenimiento de la actividad industrial y los sesenta y siete puestos de trabajo que tenía la empresa en el momento de su venta".
Según recuerda Ciudadanos de Villafranca, dicho informe jurídico expresaba que "no cabe ningún tipo de acción contra Alfonso Gallardo porque, por un lado, no existe daño ni perjuicio alguno, ya que el importe de las instalaciones que se le vendieron resulta inferior a lo que le ha costado al señor Gallardo tirar abajo la fábrica, y, por otro lado, tampoco hay enriquecimiento injusto porque la venta de la chatarra efectivamente extraída es inferior al coste de la demolición".
"POCO SÓLIDO"
Sin embargo, a la agrupación de electores el informe le parece "poco sólido y adolece de la seriedad necesaria, muchas de las premisas de las que parte son datos poco o nada objetivos, puesto que no ha contado con técnicos en la materia que valorasen los bienes y las instalaciones transmitidos y después destruidos o vendidos".
Así mismo, considera la agrupación que "tampoco valora el hecho de llevar a cabo el derribo sin presentar un proyecto industrial alternativo, lo que demuestra su falta de voluntad de llevar a cabo el cumplimiento del contrato de compraventa".
"Y nos plantea muchas dudas la afirmación de que Transidesa no tuviese un fondo de comercio, lo que unido al dato objetivo de que Alfonso Gallardo, con la demolición de la fábrica se ha cargado un posible competidor en el mercado siderometalúrgico, justificarían por sí solo la indemnización de daños y perjuicios", entiende Ciudadanos de Villafranca.
Para esta formación "la intención del señor Gallardo desde el principio de no cumplir con sus compromisos lo acredita el hecho de que, de los miserables 318.000 por lo que compró la empresa, sólo abonó 95.400 euros en un primer momento y ya no hizo ningún pago más en los cuatro años y medio que duró la relación contractual, evidentemente sus pretensiones no eran seguir adelante con la empresa, sino simplemente destruirla".
