El Colectivo La Trastienda traslada a la Consejería de Fomento la "necesidad de paralizar" los desahucios

MÉRIDA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo La Trastienda, junto a vecinos de diversas barriadas de Mérida, ha trasladado a la Consejería de Fomento la "necesidad de paralizar" los desahucios, algunos de los cuales se están produciendo en varias barriadas de la capital de Extremadura.

Así también solicitan al consejero de Fomento, Víctor del Moral, y al director general de Vivienda, Manuel Lozano, que inicie un proceso de diálogo con los vecinos afectados.

El Colectivo por los Derechos Sociales La Trastienda y las Comisiones de Vecinos elegidas en las asambleas de las barriadas afectadas, solicitan una reunión urgente con este departamento del Gobierno de Extremadura para analizar la situación creada y buscar "de común acuerdo soluciones al conflicto", informa el colectivo en nota de prensa.

En el escrito presentado, el colectivo expone que en las barriadas de Mérida como Peri de San Lázaro, Juan Canet, Las Ochenta, Cruz Campo y Bellavista "muchas personas y familias" están siendo requeridas por el Gobierno de Extremadura y por el juzgado al pago de la "mitad del total de deudas acumuladas" por ser arrendatarios en Viviendas de Protección Oficial de dicha Administración y "no afrontadas, siendo desalojadas de las viviendas en caso de no responder positivamente a tal pretensión en el plazo de un mes".

También exponen que la situación referida ha generado una "enorme alarma social" e implica la "adopción de conductas contrarias a la Constitución, que obliga a los Poderes Públicos a evitar por todos los medios que los ciudadanos españoles experimenten o sean conminados a situaciones como las que el Gobierno de Extremadura está provocando en las barriadas de Mérida ya mencionadas".

Asimismo, explica, se da el caso de que en muchas de esas viviendas viven menores y el colectivo asegura que "no" puede "entender" que, de "ninguna manera y bajo ningún concepto, el gobierno haga dejación de la protección de la infancia a la que está legalmente obligada".

Por otra parte, manifiesta que el Gobierno de Extremadura ha utilizado "conductas arbitrarias" al realizar los desalojos e iniciar los expedientes de desahucio, ya que "no está analizando las circunstancias particulares de cada caso".