El Consejo de Gobierno autoriza las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda por 7,4 millones para los años 2019 y 2020

Publicado 28/12/2018 16:11:37CET

   MÉRIDA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria, en el ámbito de Extremadura, para las anualidades de 2019 y 2020, de las subvenciones contempladas en varios de los programas regulados en el Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, por importe de 7.400.000 euros.

   Los programas incluidos en esta convocatoria son los de Fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas (un millón de euros); Fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas (un millón de euros); Ayuda a los jóvenes, en sus modalidades de adquisición (un millón de euros) y alquiler (dos millones de euros); y ayuda al alquiler de vivienda (2,4 millones de euros).

   Por otra parte, el Consejo ha aprobado también el decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a ONU-Hábitat para la financiación del proyecto 'Apoyo a la promoción del derecho a la vivienda en el marco del desarrollo urbano sostenible', por un importe de 80.000 euros.

   ONU-Hábitat es, dentro del Sistema de las Naciones Unidas, la agencia coordinadora de las actividades relacionadas con los asentamientos humanos y el punto focal para el seguimiento, la evaluación y la aplicación de la Nueva Agenda Urbana.

   Uno de los "objetivos esenciales" de la política de la Junta de Extremadura es la "obligada cobertura" de la necesidad de vivienda, partiendo de una concepción del "derecho a una vivienda digna", según ha informado la Junta tras la celebración del Consejo de Gobierno.

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA "CONSTRUYENDO EL DERECHO A LA VIVIENDA"

   Asimismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Ciudadanía y el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE) para participar en el desarrollo de la Estrategia 'Construyendo el derecho a la vivienda', con una aportación de 120.000 euros a cargo de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

   La finalidad de este convenio es la creación de un foro de discusión para evaluar el estado del reconocimiento del derecho a la vivienda como "derecho fundamental" del ser humano, así como el avance de los preceptos y objetivos surgidos de las agendas internacionales en relación a este asunto.

   El evento planteará la discusión en tres áreas temáticas como son el Derecho a la Vivienda; Vivienda, Sociedad y Ciudad; y Asequibilidad e Innovación.

   Se analizarán los retos locales, nacionales e internacionales que presenta el sector y se expondrán y compartirán herramientas y soluciones innovadoras que se hayan utilizado y demostrado eficaces en diversos contextos, incluidos el español y el extremeño.

PROYECTO DE LEY DE MEDIACIÓN EN LAS RELACIONES DE CONSUMO

   El Consejo ha aprobado el proyecto de Ley de Mediación en las Relaciones de Consumo en Extremadura, que será remitido a la Asamblea de Extremadura para su tramitación.

   Con este texto se pretende dar un soporte normativo a todas aquellas actuaciones que se vienen realizando desde el Instituto de Consumo de Extremadura y desde los diferentes servicios públicos de consumo bajo la fórmula de la mediación.

   Según ha explicado la Junta, esas actuaciones no han tenido hasta ahora un procedimiento que recoja las reglas relativas a su inicio, desarrollo y finalización, así como tampoco de los efectos que deben tener los acuerdos adoptados en el ejercicio de la actividad mediadora.

   Entre otras ventajas, la mediación ofrece su capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes.

   Como ventajas de la mediación se pueden citar la desjudicialización de determinados asuntos que pueden tener un resultado satisfactorio para los intervinientes, no impuesto por un tercero (juez o árbitro); la voluntariedad y respeto a la autonomía de la voluntad de las partes; y la rapidez para las partes que intervienen en el proceso de mediación, así como la gratuidad para el consumidor.

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