CSI-F duda sobre la constitucionalidad de los recortes durante la vista de una demanda contra el Ayuntamiento de Cáceres

CÁCERES 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSI-F en Extremadura ha vuelto a mostrar sus "dudas" sobre la constitucionalidad del real decreto de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, durante el transcurso de una vista este jueves en Cáceres con motivo de una demanda formulada por dicha organización contra la rebaja salarial de los empleados públicos del consistorio de dicha ciudad.

Se trata de una demanda que CSI-F espera que prospere, así como que por parte del magistrado se declare su nulidad y se eleve al Tribunal Constitucional para que determine que este recorte de salarios "atenta contra los derechos constitucionales".

Durante la celebración del juicio este jueves en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cáceres, CSI-F ha vuelto a expresar sus "dudas" sobre la constitucionalidad de las medidas adoptadas, en este caso, por el consistorio cacereño, "por una posible vulneración del derecho de libertad sindical, de la negociación colectiva y del derecho de igualdad recogidos en la Constitución Española".

Según indica el sindicato en nota de prensa, éste es el primer juicio, de los más de 11.000 recursos que ha tramitado CSI-F en Extremadura, desde que se hizo efectivo el recorte de los salarios, el cual ha advertido será "más notable" a partir del próximo mes de diciembre con los "descuentos" en las pagas extras, que "en muchos casos, sobrepasarán los 400 euros".

De igual modo, CSI-F señala que tiene "claro" que seguirá "luchando" por los derechos de "todos" los empleados públicos de la región, "hasta que el Gobierno rectifique", porque a su juicio "no pueden ser estos (los empleados públicos) quienes paguen los platos rotos de la crisis".

El sindicato recuerda finalmente que entre las medidas del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo para la reducción del déficit público se encuentran el recorte de los salarios de los empleados públicos en una "media de un 5 por ciento", y que ello afecta a 90.000 empleados públicos extremeños.