MÉRIDA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CSI-F, como viene haciendo "desde hace más de un año", seguirá rechazando el "tijeretazo" y continuará con las protestas "en defensa de lo público" y el Estado del bienestar hasta conseguir que se restablezcan las condiciones económicas de los empleados públicos mediante la negociación con el Ejecutivo central y la Junta de Extremadura.
De este modo se ha pronunciado tras el auto del Tribunal Constitucional que avala el recorte salarial del Gobierno a los empleados públicos, y el cual el sindicato dice que acata pero muestra su "total desacuerdo".
En nota de prensa, CSI-F señala que se sigue oponiendo "rotundamente" al recorte salarial mensual entre el 5% y el 10% así como al 40% de las pagas extraordinarias, dice, "no sólo por el daño que se está haciendo a los empleados públicos sino también por la repercusión que está teniendo en la sociedad en general". Se trata a su juicio de "un atropello" que "no ha dejado ni dejará de denunciar".
Como consecuencia de los recortes que ha aplicado el Gobierno, en su opinión, "ha salido perjudicado todo el sector público en general, todos los servicios públicos". De hecho, recuerda CSI-F que había firmado un acuerdo junto con el Estatuto Básico del Empleado Público que hablaba de la modernización de la Administración "y evidentemente con la modernización iba la prestación de nuevos servicios más actualizados con las necesidades de los ciudadanos".
Apunta al respecto que "todo eso se ha parado" y la oferta de empleo público "está hoy en día muy por debajo de esas necesidades que demandan los ciudadanos".
En este sentido, recuerda que desde el "triste" 20 de mayo de 2010 que "pasará a la historia de España" (además del "tijeretazo" a los empleados públicos "se congelaron las pensiones en plena crisis económica"), CSI-F "no ha dejado de denunciar este atropello".
"Ejemplos" de ello fueron la huelga general de empleados públicos del 8 de junio de 2010 y las sucesivas concentraciones ante la Delegación del Gobierno en Badajoz y la Subdelegación del Gobierno en Cáceres.
Finalmente, sostiene que los empleados públicos "no pueden ser quienes paguen los platos rotos de la política económica del Gobierno para salir de la crisis" e insiste en que seguirá convocando "actos de protesta hasta que el Gobierno rectifique".
