El edil de Cultura de Mérida dice que "por higiene política" miembros del PP "deberían irse" por el asunto de Tarazona

MÉRIDA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Mérida, Roberto Olivera, defendió hoy que "por higiene política" algunos responsables del PP en la ciudad "deberían irse" tras la sentencia dictada ayer por la Audiencia Provincial relativa a las entradas vendidas para asistir a un concierto de Joaquín Sabina promovido en mayo de 2006 por el almendralejense Agustín Tarazona en la capital extremeña, y que posteriormente fue suspendido sin que se devolviera el dinero de las entradas.

Según publica hoy la prensa regional, Tarazona ha sido condenado a dos años de prisión aunque no entrará en la cárcel al no contar con antecedentes penales, así como al pago de una multa de 1.050 euros, pero únicamente tendrá que devolver el dinero de las entradas vendidas en su día a las personas que presentaron una denuncia ante la policía o en un juzgado por dichos hechos.

A preguntas de los medios hoy en una rueda de prensa, el concejal de Cultura calificó la citada sentencia como "una decepción" para los afectados, y sostuvo que además la imagen de Mérida "no ha salido muy bien parada" por cuestiones sobre las que rehusó entrar "a fondo".

Asimismo, tras recalcar que en un estado de derecho si un juez dicta una sentencia de las características de la de Tarazona por el concierto de Sabina "es porque es así", Olivera criticó la actuación del anterior equipo de gobierno local (del PP) en este asunto.

Según dijo, "desde el primer momento las cosas se hicieron mal" por parte del equipo de gobierno de entonces, en tanto que éste "hizo unas negociaciones que se entreveían que eran completamente falsas" con una persona que "ya había estafado en otros sitios" con anterioridad.

Además, recordó que el gobierno municipal del PP en aquel entonces "dio todas las facilidades del mundo habida y por haber" para la celebración del concierto con la instalación de una caseta en la Plaza de España para vender entradas, lo cual evidencia a su juicio que "se creó una cierta confianza en el público" respecto al evento musical.

"La propia delegada en aquellos momentos, Begoña Saussol, y Fernando Molina que también estaba presente en aquel momento, y la portavoz, Pilar Vargas, que también presentó el concierto, crearon una cierta confianza en el público", sentenció Roberto Olivera, quien recordó que los ciudadanos compraron "más de 7.000 entradas" respecto a las cuales "ahora habría que pedir una serie de responsabilidades".

ENGAÑO AL PUEBLO

Dijo así que está "convencido" de que al pueblo de Mérida "se le ha engañado" y que "por higiene política alguien debería irse" por un asunto en el que "casi 26 millones de pesetas salieron no ya del ayuntamiento sino del propio bolsillo de los emeritenses".

Consideró igualmente "muy grave" que el ayuntamiento entonces del PP no se personase en su momento como acusación particular tras la suspensión del concierto y la no devolución de las entradas.

"Ni siquiera (el equipo local del PP) asesoró a las personas que compraron las entradas en su día, ni intentaron reunirse con ellos, prácticamente pasaron del tema olímpicamente", sentenció el concejal, que concluyó que "los realmente afectados son los ciudadanos que compraron sus entradas y no van a percibir su dinero".