MÉRIDA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Educación afirmó hoy que las agresiones contra los docentes "no quedarán impunes", recordó que cualquier agresión contra un docente en el ejercicio de sus funciones es un delito de atentado contra la autoridad y añadió que se exigirán responsabilidades a quien corresponda.
La Junta respondía así, en un comunicado de prensa, ante los "lamentables" casos de agresiones a profesores por parte de madres de alumnos ocurridos esta semana en colegios de Navalmoral de la Mata y Villanueva de la Serena.
En ambos casos, la Consejería de Educación ha actuado con "extrema celeridad", ya que considera que en estos momentos la rapidez es un "signo de eficacia", trasladando inmediatamente su total apoyo a los docentes agredidos.
"Como han manifestado los directores de los centros educativos afectados, hay que destacar que se trata de casos aislados acaecidos en colegios donde la convivencia es ejemplar y que, afortunadamente hay cientos de miles de padres y madres que valoran y reconocen la importantísima labor que desempeñan los profesores extremeños", indica.
Señalar que, cuando se produce una agresión de un familiar de cualquier alumno a un docente, el hecho trasciende al ámbito educativo, por ello la Consejería firmó el curso pasado el Compromiso Social por la Convivencia con las organizaciones sindicales, los representantes de las asociaciones de padres y madres (Freapa y Concapa), la federación de municipios y provincias, el Consejo de la Juventud y las asociaciones de la prensa.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RÁPIDA.
La Consejería de Educación elaboró, junto con las organizaciones sindicales, un protocolo de actuación rápida que se entregó a todos los centros educativos como anexo al Plan Regional de la Convivencia Escolar en Extremadura y en el que se recuerda que las agresiones a docentes serán consideradas como constitutivas de un delito de atentado a funcionario público.
En dicho protocolo se indica que, ante hechos de agresión como los ocurridos esta semana, la dirección del centro educativo debe comunicarlo inmediatamente al servicio de Inspección, que lo trasladará, por vía de urgencia, al servicio de Inspección General, desde donde se remitirá al Gabinete Jurídico para que proporcione asistencia letrada a los docentes.
A continuación, según establece el protocolo de actuación rápida, el docente afectado, acompañado por el director del centro, debe comunicar y denunciar los hechos ante el juzgado, el cuartel de la Guardia Civil o la Comisaría de Policía.
DELITO DE ATENTADO.
Junto al Plan de Convivencia y el protocolo de actuación rápida, la Consejería de Educación envió a los centros la circular del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en la que se indica que cuando se produzca un acto de agresión contra los profesionales que ejercen funciones públicas en el sistema educativo, se ven afectados bienes jurídicos colectivos de esencial importancia constitucional; por lo que será considerado como constitutivo de un delito de atentado a funcionario público tipificado en el Código Penal.
