La directora general de Industria, Energía y Minas, Raquel Pastor, participa en una videoconferencia - JUNTA DE EXTREMADURA
MÉRIDA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
Extremadura, junto a otras once comunidades autónomas, ha expresado su preocupación por el diseño de la nueva línea de ayudas de movilidad eléctrica anunciada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Así, estas regiones consideran que el modelo propuesto "no solo repite errores del pasado sin introducir mejoras sustanciales" sino que genera un "alto grado de inseguridad jurídica, lo que dificulta e impide el inicio de su implementación".
Según han indicado estos Gobiernos autonómicos, el nuevo esquema mantiene una tramitación "excesivamente compleja, no contempla ayudas directas y carece de avances en la gestión administrativa", lo que se traduce en una "mayor carga burocrática" para las comunidades y "pone en riesgo la eficacia y el alcance real" del programa.
Las comunidades firmantes han mantenido hace pocos días una reunión con el ministerio para trasladar estas inquietudes y, a la misma, ha acudido la directora general de Industria, Energía y Minas, Raquel Pastor.
Tras dicho encuentro, Pastor y sus homólogos han considerado que no han recibido una respuesta "clara ni formal" por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), lo que sigue generando "incertidumbre y preocupación".
Previamente a este encuentro, estas valoraciones sobre el nuevo modelo de ayudas a la movilidad han sido trasladadas formalmente al ministerio mediante cartas firmadas por dichas comunidades autónomas, en concreto, de Extremadura, Aragón, Andalucía, Castilla y León, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja y la Región de Murcia.
En las misivas se ha recordado que el Gobierno central no ha cumplido los compromisos adquiridos hace más de un año para introducir mejoras estructurales en la gestión de estas ayudas, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.
Al mismo tiempo, han destacado que, aunque se presenta como una continuidad, el nuevo modelo obliga a iniciar desde cero, mediante una nueva orden de convocatoria en cada territorio, lo que implica "más carga administrativa, más retrasos y ningún avance significativo "como la implementación de un sistema de ayudas directas en el punto de venta, una solicitud compartida por las administraciones regionales y los actores del sector.
Además, han advertido de que el planteamiento actual "no resuelve las incertidumbres jurídicas y técnicas ya detectadas" y consolida un esquema de ayudas que consideran "ineficaz". En este contexto, insisten en la necesidad de una "aclaración urgente" y una "definición formal" por parte del Ministerio sobre aspectos clave del programa.
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