Extremadura presenta un requerimiento a Hacienda por la liquidación de 2023 y alega una pérdida de 148,7 millones

   MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Junta de Extremadura ha presentado este pasado miércoles un requerimiento al Ministerio de Hacienda previo al recurso contencioso-administrativo para que se anule o revoque la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2023, en el que pide que se compense a la comunidad con 148,7 millones de euros por el perjuicio económico ocasionado.

   La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha dado a conocer la presentación de este requerimiento en la rueda de prensa en la que ha detallado el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026, tras su registro, y en la que ha pedido "lealtad institucional" al Gobierno nacional.

   "Somos tres niveles de gobierno. Hay una hacienda estatal, hay un Estado, hay 17 comunidades autónomas y dos ciudades con estatuto de autonomía y hay 8.132 municipios y las decisiones que se toman por parte del Estado, cuando se trata de determinadas figuras impositivas, redundan en una carga, en una pérdida absoluta de financiación, tanto de las comunidades autónomas como, en el caso de determinados tributos, también de las corporaciones locales", ha planteado.

   Así, Manzano ha explicado que la Junta presentó este miércoles un requerimiento al Ministerio de Hacienda por una "pérdida recaudatoria" cifrada en casi 149 millones de euros, que se suman a otros presentados por la liquidación definitiva de los años 2021 y 2022 y en los que se reclamó 19,7 millones correspondientes a 2021 y 95 millones en 2022.

   "149 millones de euros --correspondientes a 2023-- que son de todos los extremeños, que son nuestros, que son nuestros recursos y que el Estado tiene que atribuir a nuestra comunidad autónoma. Si sumamos todos, si sumamos estos tres requerimientos, llegamos a los 264 millones de euros y no vamos a parar de reclamar, de reivindicar lo que es nuestro", ha aseverado la consejera de Hacienda extremeña.

   En este sentido, ha incidido en que cualquier decisión estatal que tenga una incidencia negativa económica en la comunidad extremeña será objeto de requerimientos, previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo, como se ha hecho, como ha recordado, cuando no se han actualizado "en plazo las entregas a cuenta".

    Como ha informado la consejera, el impacto en el sistema de financiación autonómica de 2023 del impuesto sobre la electricidad se cifra en 49,44 millones de euros, mientras que el impacto por la minoración del IVA llega hasta los 99,34 millones de euros.

   En esta línea, Manzano ha confiado que "ojalá" se le dé la razón a Extremadura en relación a los requerimientos planteados y que "realmente se imponga al Estado la posibilidad de ser leal".

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