Bloque de pisos - EUROPA PRESS
MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de España ha activado el procedimiento previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 4/2026, de 28 de julio, de actuaciones urgentes en materia de urbanismo y de impulso a la promoción de vivienda, aprobado por la Junta de Extremadura.
Conforme al procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Gobierno de España ha instado la constitución de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, cuestionando así una norma que la Administración regional ha aprobado "para agilizar trámites, reducir burocracia y acelerar la construcción de vivienda".
De este modo lo señala en nota de prensa la Junta de Extremadura, que entiende que la decisión del Ejecutivo central supone un "obstáculo político evidente".
Así, lamenta que un contexto en el que Extremadura "necesita medidas para modernizar su urbanismo y desbloquear proyectos residenciales", el Gobierno de España opta por abrir un procedimiento con la "finalidad última" de derogar una norma que --remarca-- "contempla medidas diseñadas precisamente para simplificar trámites y permitir que nuevas promociones salgan adelante con rapidez".
UNA HERRAMIENTA CLAVE
Así, la Junta incide en que el Decreto-ley 4/2026 es una herramienta "clave" para que los municipios extremeños puedan crecer, para movilizar suelo y para incrementar la oferta de vivienda "asequible" y "protegida"; y subraya que así lo ha aprobado "para responder a la principal preocupación de miles de jóvenes y familias: acceder a una vivienda sin esperar años".
Por eso "sorprende" a la Administración autonómica que, "en lugar de facilitar soluciones, el Ejecutivo central cuestione una norma que agiliza procedimientos y aporta seguridad jurídica".
En todo caso, la Junta de Extremadura, conforme al principio de "lealtad institucional", explica que ha accedido a la constitución de la Comisión Bilateral e iniciará las negociaciones para resolver las "discrepancias" manifestadas por el Gobierno central, "pero con la convicción de la adecuación del Decreto-ley a la Constitución y al régimen constitucional de distribución de competencias".
Con ello, el Ejecutivo extremeño confía en que el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez "deje de obstaculizar políticas que son esenciales para aumentar la oferta de vivienda y atender las necesidades reales de la ciudadanía". "Extremadura no puede permitirse frenar medidas que agilizan la gestión urbanística y que aceleran la promoción de la vivienda", insiste.
