MÉRIDA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, ha destacado este jueves que el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa del Gobierno de España (LOMCE) busca "mejorar" los "rendimientos" y la "calidad" del sistema, mientras que el portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Luciano Fernández, ha aseverado que esta norma desea "acabar" con "los avances y el progreso" de la educación pública.
Ambos se han manifestado de este modo en Mérida, en el Pleno del Parlamento regional, donde la consejera de Educación ha comparecido a petición propia, a efectos de informar sobre la posición del Gobierno de Extremadura en relación con el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa del Gobierno de España.
En la sesión plenaria, el diputado del Grupo de IU-V-SIEX Víctor Casco ha coincidido con la postura del Grupo Socialista y ha destacado que esta ley es una es una propuesta "mercantilista" y "segregadora".
FRACASO ESCOLAR
En su intervención, la consejera de Educación ha destacado que no pueden hacerse "oídos sordos" a estudios de carácter internacional, como el informe PISA, donde "se vuelve a colocar" a España a la "cabeza del fracaso escolar", "pese a que desde 2004 se han aumentado las inversiones en educación".
"No ha sido una ecuación proporcional, al contrario, está demostrándose que el sistema falla. Falla su estructura, falla su organización y falla su funcionamiento", según Nogales, que ha abogado por "mejorar ese sistema".
Del mismo modo, se ha referido a la presencia de informes que "arrojan enormes diferencias entre comunidades autónomas". "Estos son los importantes motivos que han llevado al Gobierno de la nación a ver que es necesario una reforma que mejore la calidad del sistema educativo", añade.
Trinidad Nogales ha indicado que la reforma educativa será ejecutada por el actual gobierno del PP, "pero si hubiera estado otro gobierno de otro signo político, la necesidad era la misma".
Según ha dicho, se trata de una reforma destinada a "orientar a los estudiantes hacia trayectorias más adecuadas a sus fortalezas, una reforma que posibilite a los alumnos, acompañados de sus padres y tutores, elegir las mejores opciones para su desarrollo personal y profesional".
La consejera también ha aseverado que esta reforma necesita "el máximo consenso entre todos", y del "fruto de esa rigurosa reflexión, sosegada, de un diálogo fluido entre todas las partes para conseguir esa estabilidad del sistema educativo".
"MAYORITARIO RECHAZO" SOCIAL
Por su parte del PSOE, Luciano Fernández ha señalado que se trata de una ley que "ha nacido sin ningún consenso", y que ha tenido un "mayoritario rechazo" en la sociedad.
A este respecto, se ha referido a las "serias reticencias, incluso de algunos gobiernos del Partido Popular en la Conferencia Sectorial de Educación".
"Esta ley viene a contradecir, en no pocos aspectos, nuestra propia ley de Extremadura, y eso me preocupa mucho", según Luciano Fernández, que ha indicado que la Ley de Educación de Extremadura (LEEx) "establece en sus principios y objetivos el fortalecimiento de la escuela pública como garantía de igualdad de oportunidades, o la calidad de la educación, conjugando la excelencia y la equidad educativa".
A su juicio, se trata de una norma que "tiene serias dificultades con el progreso y el avance de la escuela pública, que pone en serie riesgo la calidad de la enseñanza, y que nos hace retroceder en algunos aspectos sobre didáctica y métodos pedagógicos en el aula".
Para Fernández, este anteproyecto "configura la educación como si fuera una carrera de obstáculos, con pruebas extraordinarias, la reválida, a la finalización de cada etapa, y ese modelo nos retrotrae a épocas y modelos educativos que ya habíamos superado".
"Pretende recuperar un modelo se enseñanza que vuelve a basarse prioritariamente en la prueba, el examen, como principal elemento del proceso de enseñanza", según Fernández, que ha indicado que "pretende que haya menos asignaturas en el currículum, poniendo el énfasis en los contenidos mínimos".
IU Y PP
Por su parte, el diputado de IU Víctor Casco ha indicado que se trata de una norma que "establece fronteras, mecanismos para impedir que los alumnos y los jóvenes puedan acceder a bachillerato y la universidad".
"Estamos ante una reforma cuyo único objetivo es ahorrar en la cuenta pública, a costa de la educación pública y de número de alumnos. Nos encontramos con una propuesta mercantilista, que establece una carrera de obstáculos, clasista y segregadora", ha dicho.
A su juicio, "nace sin consenso, porque no ha habido participación de la comunidad educativa, porque los profesores no han podido opinar, porque las comunidades autónomas no han dado su opinión".
Para concluir, la diputada del PP Josefa Balader ha mostrado el apoyo de su grupo al anteproyecto de ley porque, según ha señalado, ha sido presentado en la Conferencia Sectorial de Educación, "donde están representados todos los sectores de la comunidad educativa".
"No se está haciendo desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de Extremadura nada de espaldas a nadie. Se ha presentado un anteproyecto de ley, con unas líneas maestras que determina un proceso para hacer aportaciones, valoraciones", ha destacado.
Según ha dicho, no se puede estar en los ranking educativos "a la cola". "Por nuestros jóvenes, por el futuro de nuestros jóvenes, no podemos seguir estando a la cola de todo", ha sentenciado Balader.
