El Parlamento extremeño insta al Gobierno español a modificar la normativa de comercialización de preferentes

MÉRIDA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Extremadura ha aprobado una propuesta de pronunciamiento de la cámara en la que los tres grupos políticos instan al Gobierno de España a modificar la normativa que regula la comercialización de las participaciones preferentes y de las obligaciones subordinadas, y a adoptar una serie de medidas con el fin de prevenir su práctica y de paliar los efectos derivados a los perjudicados.

Dicha iniciativa parlamentaria ha sido formulada conjuntamente, en el pleno celebrado este jueves, por el Grupo Parlamentario Popular-Extremadura Unida, el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-Regionalistas) y el Grupo Parlamentario Izquierda Unida (IU-Verdes-SIEx).

Los portavoces de los tres grupos parlamentarios han comenzado sus intervenciones saludando a las personas afectadas por la comercialización de estos productos financieros en la región que asistían al pleno, y que en total podrían ascender en Extremadura a más de 10.000 familias con 200 millones de euros comercializados.

El diputado de IU Víctor Casco ha considerado la venta de preferentes y subordinadas como un "engaño masivo" de los bancos y cajas, que han realizado un ejercicio de "cuatrería".

Igualmente ha criticado que los gobiernos españoles no se hayan puesto al lado de las "víctimas" del, ha dicho, "corralito español", por lo que ha lamentado que los "ladrones de cuello blanco" hayan salido "ganando", mientras que los "paganinis" de la crisis han sido los ciudadanos que han confiado en los empleados de banca que les vendieron estos productos.

El diputado de IU ha valorado que los tres grupos con presencia en el Parlamento de Extremadura se hayan puesto de acuerdo para exigir al Gobierno de España un "cambio de actitud" y que "se ponga al lado de la víctimas". Así ha considerado que "o los banqueros solucionan el problema de las preferentes y subordinadas o los banqueros deben terminar delante de un juez y al poco tiempo en una prisión".

Por su parte, el diputado del PSOE Valentín García ha aludido a la "grave quiebra" que se ha producido en la confianza depositada en los trabajadores de la banca por muchos ciudadanos que han comprado estos productos financieros sin conocer muy bien en qué consistían.

Por esta razón, ha considerado que las entidades financieras tienen una "grave responsabilidad civil", pero sobre todo "moral" y "ética", por "haber abusado" de personas mayores en muchos casos al venderle un producto financiero complicado, por lo que merecen el "reproche" de la cámara por haber hecho "uso y abuso" de la confianza de los clientes.

Sobre la iniciativa aprobada este jueves, que tiene un "petitium largo", ha dicho que debe ser un "compromiso", toda vez que debe suponer el "punto final" de la "estafa" de las entidades financieras hacia algunos ciudadanos.

Por su parte, el diputado del PP José Ángel Sánchez Juliá ha recordado que las preferentes y las subordinadas están "muy alejados" de los plazos fijos a los que los ciudadanos sí están acostumbrados, unos "ahorradores convertidos en inversores a la fuerza".

Así ha dicho que entre las competencias del Parlamento de Extremadura no está la de impartir justicia, aunque sí lo es "luchar y trabajar por ello".

Sánchez Juliá ha indicado que las medidas que contiene esta propuesta de pronunciamiento son "preventivas" y "paliativas" y las mismas deben ser puestas en marcha con "celeridad", ya que hay ciudadanos que no pueden esperar.

En su intervención, ha lanzado un mensaje a las entidades financieras de "lealtad" a la hora de actuar y comercializar estos productos, y a los afectados por esta problemática de que el PP es "sensible" a su situación.

INICIATIVA

En la iniciativa aprobada este jueves, el Parlamento de Extremadura insta al Gobierno de España a reformar y modificar las normas y leyes que rigen la comercialización de este tipo de productos, teniendo como objetivos, entre otros, que los organismos reguladores como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) obtengan un "mayor poder controlador y sancionador" en caso de incumplimiento por parte de las entidades financieras, así como "mayor protección" al inversor.

De igual manera, la cámara legislativa extremeña ha instado al Ejecutivo central a poner en marcha una serie de medidas de carácter preventivo para evitar que estas situaciones se repitan. Entre esas medidas se debe encontrar la creación de órganos decisorios en las entidades financieras que ejerzan de filtros para distribución de productos complejos y de alto riesgo.

A esta se une la aprobación, por parte de la CNMV, de un contrato marco para las relaciones de las entidades financieras con los clientes minoristas, "reforzando la transparencia y la información", y establecer la prohibición de oferta y venta de productos de ahorro complejo a consumidores, salvo explícita petición del cliente.

También la puesta en marcha de un código de buenas prácticas donde figuren derechos y obligaciones de los inversores minoristas, entidades de inversión y comercializadoras de productos financieros. Este código tendrá carácter vinculante tras la firma de ambas partes. La no aceptación significaría la paralización de la operación.

En tercer lugar, se insta a adoptar medidas de carácter paliativo para encontrar vías de solución para las personas que invirtieron en participaciones preferentes y deuda subordinada y no han podido recuperar su inversión, "siempre que se demuestre la mala praxis en la comercialización de estos productos financieros".

Estas serían, entre otras, acceso al arbitraje universal por parte de los ahorradores de todas las entidades intervenidas o receptoras de ayudas públicas; y la flexibilización de los criterios fijados por la Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinadas para el acceso de los afectados al arbitraje, en caso de no poder aplicarse el arbitraje universal.

También garantizar la "independencia absoluta" del experto encargado de realizar el arbitraje, así como la inexistencia de relaciones laborales y/o económicas de éste con las partes; garantizar la "independencia absoluta" de aquellos encargados de realizar la selección de afectados por arbitraje en caso de no poder realizarse el arbitraje universal; y la puesta en marcha, por parte del Ministerio de Justicia, de un Plan de Actuación Judicial en Extremadura para asegurar y agilizar la tramitación "de manera ordenada y efectiva" de los procedimientos relacionados con las participaciones preferentes y deuda subordinada.

Por último, dada la "urgencia" del problema, así como la "extrema necesidad" de muchos afectados y sus familias, se insta a adoptar "medidas rápidas" para que todos aquellos afectados que se demuestre que han sido defraudados por las entidades financieras puedan obtener una solución "lo antes posible a este problema, salvo aquellos casos en que se demuestre que el inversor operaba como tal y con completo conocimiento del producto y sus características reales".