MÉRIDA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de ley de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura continúa su tramitación parlamentaria, después del rechazo hoy en el Pleno de la Asamblea --con los votos en contra del Grupo Socialista-Regionalistas-- de una enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Popular-Extremadura Unida sobre dicha iniciativa. Los populares reclamaron la devolución del proyecto de ley al Gobierno autonómico.
El siguiente paso en la tramitación de la iniciativa será el debate de las enmiendas parciales que sobre el mismo planteen los grupos.
El proyecto de ley establece la creación de nuevos departamentos autonómicos en el marco del decreto del presidente de la Junta 17/2007, de 30 de junio, por el que se modifica la denominación, número y competencias de las consejerías que conforman la Administración autonómica.
Así, la iniciativa implica la creación de entidades como el Servicio Extremeño de la Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia; el Instituto de Consumo de Extremadura; la Agencia Extremeña de Evaluación Educativa; el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios; y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo. Todos estos entes establecen su sede en Mérida.
Según defendió el consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, durante la presentación hoy del proyecto de ley, mediante la creación de dichos entes se pretende lograr una nueva organización pública que permita la formulación inmediata de una respuesta "ágil y flexible", así como al "optimización" de los medios públicos disponibles para la atención as las personas dependientes, la defensa de los consumidores y usuarios, la evaluación del sistema educativo y la prestación de servicios educativos complementarios.
Franco destacó el carácter instrumental de la norma, que trata de incrementar la "agilidad y transparencia" de la actividad administrativa en la región; así como de crear un régimen "uniforme" para todos los entes públicos que se regulan en el mismo.
De este modo, la iniciativa deroga la ley de creación de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio. Además, modifica el régimen de incompatibilidades de los altos cargos, se regula el personal directivo del sector público y se crea un nuevo supuesto de servicios especiales.
Asimismo, se establecen algunas previsiones sobre las concesiones de transportes y el plazo máximo para resolver los procedimientos sancionadores, y se reconoce al rector, a los vicerrectores, al secretario general y al gerente de la Universidad de Extremadura un complemento retributivo especial en términos análogos a lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 4/1991, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de Extremadura para 1992.
En cuanto al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, tiene entre sus fines la planificación, organización, dirección y gestión de los centros y los servicios socio-sanitarios adscritos al mismo; así como la promoción de la autonomía personal; y la prestación de la atención a la dependencia, entre otros.
A su vez, el Instituto de Consumo de Extremadura se plantea como fines esenciales la propuesta de planificación de las políticas de defensa y protección de los consumidores y la ejecución de las mismas; la formación y la educación de los consumidores, especialmente para que éstos conozcan sus derechos; la resolución de conflictos en materia de consumo, a través de la mediación y el arbitraje; y la puesta en marcha y coordinación de las oficinas de información al consumidor, entre otros.
Por su parte, la Agencia Extremeña de Evaluación Educativa se encargará de realizar la evaluación general del sistema educativo de la región, así como del análisis de sus resultados y la propuesta de medidas correctoras; además de fomentar la evaluación y acreditación del profesorado; de colaborar en la promoción de la evaluación continua por los centros docentes de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo y de los resultados de su alumnado; y de contribuir en su ámbito a la mejora general de la calidad del sistema educativo público de la comunidad.
Igualmente, según el proyecto de ley, el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, tendrá como fin general la gestión del transporte escolar, comedores, aulas matinales, actividades extraescolares y, en general, las relativas a los servicios complementarios y demás actividades prestacionales o de servicios de la enseñanza de la competencia de Extremadura.
Además, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo se encargará de la elaboración de los planes generales y anuales en esta materia, así como de la gestión de programas y proyectos, de la evaluación y seguimiento de la cooperación y de su coordinación.
ENMIENDA DE TOTALIDAD DEL PP.
A su vez, en defensa de la enmienda a la totalidad formulada por su partido, la portavoz del Grupo Popular-Extremadura Unida Pilar Vargas criticó la "inseguridad jurídica" que a su juicio crea el proyecto de ley de creación de Entidades Públicas de la Junta, y consideró que los cinco entes cuya creación se plantea "no contribuyen en medida alguna" a dotar al ordenamiento jurídico extremeño de la "coherencia y unidad deseable".
En este sentido, indicó que "no sólo la denominación de los entes es diferente, sino que su régimen jurídico debe ir buscando la uniformidad con el ya existente en un ámbito ya de por sí complejo". Así, reclamó la dotación de carácter autónomo a los nuevos entes que se crean, y se mostró convencida de que la medida presentada por el Gobierno regional "es un mal proyecto de ley".
De igual modo, consideró que "no está justificada" la "urgencia" de la tramitación de la iniciativa, cuando han transcurrido ocho meses desde la reestructuración del Gobierno autonómico a la que atañe la iniciativa.
Vargas criticó además que se pretenda utilizar, dijo, el proyecto de ley para regular, vía disposición adicional, aspectos que "poca o ninguna relación guardan con la materia".
La portavoz del PP reclamó una reforma de la Ley de incompatibilidades de altos cargos, y rechazó que el proyecto de ley creación de entidades públicas contribuya a crear "otra nueva fábrica de altos cargos inoperativa" en la región, a tenor de la "poca solidez" de los cimientos en los que, dijo, se basa la iniciativa.
POSTURA DEL PSOE.
A su vez, el diputado del Grupo Socialista-Regionalistas Estanislao Martín defendió la conveniencia del proyecto de ley presentado por la Administración regional, y criticó las "incongruencias" en las críticas vertidas por el PP sobre el mismo.
Destacó que se trata de una ley "meramente instrumental, que trata de dotar a la Junta de mecanismos instrumentales que son necesarios para realizar las tareas encomendadas", y subrayó que los nuevos entes previstos contribuirán a la dotación de una administración "ágil y útil".
Consideró así "necesaria" la creación de las cinco nuevas entidades previstas, que contarán con una estructura "homogénea" pero "no idéntico"; y añadió que no se trata de instituciones ajenas al ordenamiento jurídico extremeño. "Son entes transparentes", apuntó Martín, que defendió también la "urgencia" en la tramitación de la iniciativa porque se trata de un texto "básico técnicamente".
Finalmente, señaló que el Grupo Socialista estudiará "con todo detenimiento" las enmiendas parciales que el Grupo Popular formule al proyecto de ley, y rechazó la enmienda a la totalidad planteada porque "no presenta texto alternativo".
