MÉRIDA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los alcaldes socialistas de las localidades de Ruecas, Vivares y San Pedro de Mérida se han concentrado este jueves ante las puertas de la Consejería de Salud y Política Social para reivindicar la publicación de subvenciones para mantener abiertos los centros de día, residencias y pisos tutelados, puesto que si no las reciben --ha apuntado-- deberán cerrar las instalaciones.
Tras la movilización, que ha reunido a afectados y alcaldes también de otras localidades extremeñas, han entregado un comunicado dirigido al consejero de Salud Y política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, en el que aseguran que "no" pueden "soportar más que no hayan aprobado las subvenciones".
"Somos pueblos pequeños y no tenemos recursos para sufragar estos gastos que conllevan los centros de día, la empresa en cuestión tampoco puede hacerlo porque los bancos no le dan crédito. Si no tenemos respuesta antes del 30 de junio, nos veremos obligados a cerrar nuestros centros de día, lo que conlleva que nuestros mayores tengan que irse a casa", señala el escrito.
El alcalde de Ruecas, Antonio Aguilera, ha explicado que, en un reunión con la directora gerente del Sepad, Cristina Herrrera, ésta les comunicó que en el mes de agosto se convocarían dichas ayudas.
Aguilera ha puntualizado, en un encuentro con la prensa durante la movilización, que desde el 1 de enero de 2012 las empresas que gestionan los centro están pagando a los trabajadores pero "ya no pueden soportar más la carga".
Por su parte, el alcalde de Vivares, Sergio Diestro, ha señalado que se trata de ayudas de unos 2.500 euros por "usuario válido", y que aún la dirección del Sepad "no" ha certificado que se vaya a publicar esta convocatoria que abarca a "todos" los ayuntamientos de Extremadura.
Asimismo, Andrés Pérez, alcalde de San Pedro de Mérida, ha indicado que sin las ayudas es "inviable el servicio", puesto que en su caso particular es el propio ayuntamiento quien gestiona el centro de día, con la consecuente repercusión en el "déficit municipal".
En concreto, el centro de Ruecas cuenta con quince usuarios y tres trabajadores, mientras que en Vivares son veinte los mayores que se verían afectados más otros tres empleados.
