MÉRIDA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha fijado una fianza o caución de 41 millones de euros para la ejecución provisional del auto de enero que paralizaba las obras del Complejo de Valdecañas (Cáceres).
La decisión del alto tribunal extremeño aparece en un auto con fecha de ayer miércoles, 14 de marzo, ante el cual es posible presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de diez días.
Cabe recordar que las propias que demandaron al proyecto turístico --Ecologistas en Acción y Adenex-- señalaron el pasado 14 de febrero que estarían capacitadas, llegado el caso, a desembolsar entre 1.000 y 5.000 euros "como mucho".
Explica el TSJEx en su auto de ayer miércoles que a la hora de determinar la cuantía de la caución ha sido "necesario" tener en cuenta que se trata de "establecer la garantía para hacer efectiva la ejecución provisional".
Además, dicha caución tiene por objeto "atender a los hipotéticos daños y perjuicios que con la ejecución, en los términos acordada, pudieran ocasionarse para el supuesto de que la sentencia" del alto tribunal extremeño "fuera revocada por el Tribunal Supremo, al conocer del recurso de casación interpuesto contra ella".
Respecto a la petición de la promotora del proyecto de que la fianza alcanzase en un primer momento los 175 millones de euros, el TSJEx expone que no puede "compartirse el razonamiento" porque "tales instalaciones no comportan su desaparición en tanto no exista sentencia firme".
"Pues bien, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y la circunstancias que en el presente supuesto concurren, en especial las cantidades a que se hace referencia en el informe mencionado, considera que debe fijarse la caución en la cantidad de 41.000.000 de euros", señala el auto en sus fundamentos de derecho. ANTECEDENTES
Cabe recordar que le pasado 14 de febrero las organizaciones Ecologistas en Acción y Adenex y las tres partes demandadas por el proyecto de urbanización 'Marina Isla de Valdecañas', (promotora, Junta de Extremadura y ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo), no llegaron a un acuerdo sobre la cuantía de la fianza que debían depositar los ecologistas para que se puedan paralizar las obras y suspender la utilización de las instalaciones, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal extremeño escuchó en la mencionada fecha del mes pasado las alegaciones de Ecologistas en Acción y Adenex, y las de las tres partes demandadas, que diferieron en la cuantía de esa fianza, que va desde los 368 millones totales que pide la promotora hasta los 5.000 euros que estima Ecologistas en Acción o, "como mucho, los 1.000 euros" que estaría dispuesta a depositar la otra denunciante, Adenex.
Por su parte, la Junta de Extremadura fijó esa cantidad en 39,6 millones de euros, que sería "la cuantía del procedimiento que se determinó en su momento", según explicó el letrado de la administración regional, que consideraba además que se produciría otro "perjuicio" que es el de la pérdida de los 126 empleos que actualmente están trabajando en el proyecto.
Por su parte, el abogado de los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, Daniel Carrero, consideraba que los daños económicos que sufriría la zona por la ejecución de la sentencia están en torno a los 7 millones de euros. En concreto y, según los estudios técnicos realizados por los ayuntamientos, la ejecución de la sentencia supondría una pérdida de unos 5 millones para el consistorio de El Gordo, y más de 2 millones para el de Berrocalejo.
El abogado de Ecologistas en Acción, José María Trillo, argumentó, por su parte, que la organización "no tiene capacidad económica" para hacer frente a esas cantidades y estimó que la cifra que podría asumir en "unos 5.000 euros" al tiempo que ha criticado que se interpongan "barreras económicas para poder acceder a la justicia".
Por ello consideró que con la fijación de una fianza millonaria "se impide el derecho a ejecutar la sentencia" y recordó que la promotora "ya sabía que ésa era una inversión de riesgo" por lo que "no tiene sentido" que ahora tengan que ser las organizaciones ecologistas las que depositen una fianza para poder ejecutar de forma provisional una sentencia que "les da la razón".
En parecidos términos se pronunció la abogada de Adenex, María Ángeles López Lax, quien consideraba que la evaluación de los daños que ha realizado la promotora "no es objetiva" y que el informe que presentó para justificarlos "está lleno de imprecisiones".
SENTENCIA DE 2011
Finalmente el abogado de la promotora del proyecto 'Marina Isla de Valdecañas', Antonio Uceda, argumentó en febrero que la ejecución provisional de la sentencia "no supondrá una paralización del proyecto, sino su desaparición" porque las promociones inmobiliarias se realizan por fases y "si no se puede cumplir una de ellas, el proceso se viene abajo".
Por ello, la promotora pedía que la fianza cubriera el importe total de la inversión, que asciende a unos 175 millones de euros, más la cuantía del daño previsto en la zona en caso de que el proyecto no saliera adelante, y que estima en 193 millones de euros. "Debe exigirse la fianza por el daño a la promotora y también por perder la inversión prevista en la comarca", aseguraba Uceda.
Ante esta diversidad de posturas fue imposible llegar a un acuerdo entre las partes, por lo que el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx, Wenceslao Olea, dio por concluida la comparecencia y, una vez escuchadas las alegaciones, quedó vista para dictar una resolución que fije la cuantía de la fianza, la cual se emitió ayer 14 de marzo.
Cabe recordar que el pasado día 13 de enero la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx emitió un auto por el que ordenaba la ejecución provisional de su sentencia del 9 de marzo de 2011, en la cual declaraba ilegal la urbanización 'Isla de Valdecañas' y anulaba la fórmula urbanística del Proyecto de Interés Regional (PIR) en el que se basó.
La sentencia de 2011 fue recurrida en casación al Tribunal Supremo por la Junta y los empresarios promotores, pero eso no impide su ejecución, por lo que las partes demandadas pidieron una fianza que avale la ejecución provisional de la sentencia en tanto en cuanto se pronuncie el Alto Tribunal nacional.
