UPyD Extremadura sostiene que la subida de impuestos no es "de recibo" mientras no rebajen los ingresos de los políticos

Actualizado: jueves, 27 agosto 2009 12:23

MÉRIDA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La formación Unión, Progreso y Democracia (UPyD) de Extremadura sostuvo hoy que la subida de impuestos no es "de recibo" mientras no se rebajen los ingresos de los políticos, no se reduzcan los "cargos de confianza", no se evite el "sobredimensionamiento" de las plantillas de los servicios públicos, y se siga gastando "alegremente" en publicidad institucional, concretamente, "5 millones de euros de la campaña 'Somos Extremadura'.

Según informó el partido político en nota de prensa, la "ligereza" con la que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, explicó la subida de impuestos fue "impropia" de un presidente de comunidad autónoma.

Por otra parte, UPyD consideró que la subida de impuestos está ligada a la financiación autonómica. "Es imposible hablar de la subida de impuestos sin hacerlo de la financiación autonómica; el modelo aprobado recientemente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no responde a los principios de autonomía, suficiencia, solidaridad y corresponsabilidad fiscal", apuntó.

Como resultado, el partido afirmó que se ha configurado un sistema que, en el momento en que los ingresos son "insuficientes", sitúa a algunas comunidades autónomas ante "la imposibilidad de ejercer plenamente sus competencias".

Además, indicó que los gobiernos autonómicos pueden actuar sobre los asalariados (IRPF), mientras que las rentas de capital están "blindadas" en un tipo impositivo del 18 por ciento.

Por esta razón, UPyD recordó que presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, y denunció que "los fundamentos macroeconómicos del mismo carecían del realismo necesario para planificar la actividad económica del Estado".

Finalmente, el partido político concluyó que la reclamación de la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, de 6.000 millones de euros a las CCAA constata que el modelo de financiación es "inviable".