El coordinador de Menores de A Coruña propone potenciar campañas de sensibilización y dar a conocer los programas de acogimiento
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
Fiscales reclamaron a las instituciones autonómicas con responsabilidad en materia de menores que "impulsen" el seguimiento de los niños y adolescentes sujetos a programas de acogimiento familiar con el objetivo de verificar que sus derechos están garantizados.
En declaraciones a Europa Press, dos de los fiscales que han participado en el Congreso Internacional sobre Acollemento Familiar, que se celebra hasta hoy en Santiago de Compostela, coincidieron en la "necesidad" de que exista una "colaboración" permanente entre las Administraciones y el Ministerio Público para realizar el seguimiento de los menores, ya que los fiscales tienen, según la legislación, "la superior vigilancia sobre las resoluciones administrativas, tutela de guardia y acogimiento".
Sobre este aspecto, también se pronunció la ponente inglesa Elaine Farmer, profesora del Centro de Políticas Familiares y de Bienestar Infantil de la Universidad de Bristol, quien advirtió de que "no se puede dejar" a la familia extensa (miembros con vínculos de sangre, como tíos o abuelos) sin vigilancia.
El fiscal coordinador de Menores de A Coruña, Carlos Mariscal de Gante Castillo, constató que la verificación en los centros es accesible porque basta con visitar un centro de acogida, pero, no obstante, recalcó que "no hay medios suficientes" para realizar estas comprobaciones cuando se trata las familias extensas (vinculada a la biológica del menor) o ajenas (sin relación de sangre) del menor.
Explicó que los acogimientos se realizan tras un trámite procesado en el que la Xunta (en el caso gallego) da la autorización para que sea efectivo, decisión que puede ser reversible si no se cumplen los derechos del menor, por lo que el fiscal, debido a sus funciones, "tiene que conocer cada documento" relativo a esta acción.
MEDIOS "ESCASOS"
El fiscal Mariscal de Gante apuntó que, aunque "lo medios son escasos", se está poniendo en marcha una estructura detrás del fiscal para que puedan llegar al Ministerio Público las comprobaciones de este cumplimiento, sobre el que velan asociaciones que firman convenios con las instituciones autonómicas, lo cual fue corroborado, en declaraciones a Europa Press, por la fiscal sevillana Ana María Hermosa Martínez, que desarrolla su actividad en la Fiscalía Superior de Andalucía.
En concreto, se trata de una instrucción de la Fiscalía General del Estado, en cuyo borrador ya elaborado se estipula "una unificación de criterios para que se actúe del mismo modo con independencia de donde se encuentre" el menor de edad, indicó Mariscal de Gante. Sirve para "regular aspectos" determinados, añadió, aunque reconoció que a la hora de ejercerlos puede haber "recursos limitados".
Con todo, incidió en que esta instrucción servirá para conocer "cuáles son las competencias y los campos de actuación" y, una vez que se conozcan, se podrán exigir a la Xunta (en este caso, porque tiene las competencias en este sentido) las estructuras informáticas y otros recursos materiales y humanos para ponerlas en práctica.
ACORTAR PLAZOS
Otro de los aspectos en los que el fiscal de Menores de A Coruña apuesta por recalcar es en la "pronta definición" a la hora de valorar la "medida más adecuada" para el menor. El objetivo, es evitar ese periodo de "tensión" entre la familia acogedora y la biológica y obtener un resultado "definitivo" en un "plazo razonable".
Mariscal de Gante cree que el proceso de valoración, que se basa en el principio de derecho del menor a ser educado en el seno de la familia, "se podría mejorar" y "acortar sus plazos", ya que ello minimizaría parte del tiempo que el menor permanece en un centro residencial, es decir, institucionalizado, puesto que el objetivo es "priorizar" la creación de un entorno familiar para el afectado.
Para ello y ante las razones motivadas por la escasez de familias acogedoras, el fiscal de Menores recomendó "potenciar más" los programas de acogimiento familiar a través de los convenios de la Xunta con la Cruz Roja. "Hay muchas familias que acogerían si no desconociesen la realidad", juzgó.
