MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana, anunció hoy que que la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, ha llegado a un acuerdo para evitar el recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley de Horarios Comerciales de Galicia, que el Gobierno central pretendía presentar ante el Tribunal Constitucional, por entender que vulneraba la legislación estatal en la materia.
En rueda de prensa en la sede del Ministerio de Administraciones Públicas, en Madrid, tras la reunión de la Comisión Bilateral, Quintana se felicitó por este acuerdo y recordó que la Ley de Horarios Comerciales de Galicia fue aprobada en su momento por el Parlamento gallego y contó "con el aplauso del comercio gallego".
Asimismo, subrayó que se trata de una ley hecha "con, por y para el comercio gallego", por lo que agradeció al Ministerio "su buena disposición" y a la Administración del Estado que no tengan que "discutir en el Tribunal Constitucional sobre esto". "La ley queda literalmente como fue aprobada en el Parlamento gallego", destacó.
En este sentido, resaltó que se ha llegado a este acuerdo gracias a la "negociación", subrayó que la ley queda "intacta" respecto a la aprobada por la Comunidad Autónoma, y destacó que su contenido es "el mismo" que la Ley de Horarios Comerciales de Cataluña. Por eso, añadió que la Xunta veía "preocupante" la "discrepancia" por parte del Estado.
El acuerdo alcanzado en la Comisión, establece que la Xunta de Galicia "se compromete a interpretar lo dispuesto en el artículo 8.3" de dicha ley "en el sentido de que el deber de adelantar el cierre de los establecimientos comerciales y de permanecer cerrados los días a que se refiere este artículo es un deber que se enmarca, tanto en la necesaria conciliación de la vida familiar y personal que corresponde a las empresas comerciales, como en el régimen de libertad de horarios recogido en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales".
Según este acuerdo, el Gobierno de Galicia manifiesta su "intención de promover las medidas oportunas para el cumplimiento de este deber por parte de las empresas". El segundo punto del acuerdo -firmado por Quintana y la secretaria de Estado de Cooperación Territorial, Ana Leiva- habla de comunicar su contenido "al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional".
