Gobierno y Xunta trabajarán para lograr "in extremis" esta semana un acuerdo sobre la Ley de Derecho Civil de Galicia

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana, aseguró hoy que trabajarán con el Gobierno central para lograr "in extremis" un acuerdo en torno a la Ley de Derecho Civil de Galicia, concretamente en el artículo 27 que tiene que ver con la adopción. Según explicó, el Estado no considera que la adopción forme parte del cuerpo básico e histórico del derecho civil gallego, por lo que incluso se ha planteado la posibilidad de recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional (TC).

Después de reunirse durante media hora, en el seno de la Comisión Bilateral Gobierno-Xunta, con la secretaria de Estado de Cooperación Territorial, Ana Leiva, Quintana resaltó que "el ánimo de llegar a un acuerdo". Por ello, hoy decidieron dejar "abiertos" los trabajos de la comisión para que intente "in extremis la búsqueda de un acuerdo antes del fin de semana, puesto que esta semana acaba el plazo para que la Administración del Estado pueda interponer el recurso de inconstitucionalidad".

Quintana subrayó hoy su intención de "apurar todos los plazos" y hacer un "nuevo esfuerzo de consenso y acuerdo" para intentar evitar ese recurso, al tiempo que avanzó que los contactos van a ser "intensos" porque queda "muy poco tiempo". "La comisión de trabajo ya estaba creada y ha venido trabajando en los últimos meses para alcanzar un punto de encuentro, sin conseguirlo", puntualizó.

En este sentido, resaltó que la Xunta pudo tomar la decisión de concluir que no había acuerdo, pero propuso que no fuera así y no se "diera por cerrado el tema, agotando hasta el final los plazos para que la comisión busque in extremis una solución".

Apostó por una "resolución pactada" y aseguró que no le gustaría tener que "dirimir esto en el TC, aunque matizó que, "si tiene que ser así, tampoco pasa nada". "No va a ser un drama", agregó. Al respecto, alertó de que, en este momento, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado "no podría tener una interpretación positiva".

El vicepresidente explicó que la Ley de Derecho Civil de Galicia -aprobada por unanimidad en el Parlamento autonómico en junio de 2006- tiene un apartado que se refiere a adopciones, sobre el que la Administración del Estado expresa su "disconformidad" desde una perspectiva de derecho competencial, puesto que considera que tal ámbito no pertenece propiamente al derecho civil gallego y debería quedar referenciado al ámbito competencial del Estado.

Por tanto, indicó que la Xunta no comparte los criterios de la Administración del Estado a este respecto, y alertó de que "cabe la posibilidad de no poder resolver este conflicto satisfactoriamente para las dos partes". Además, agregó que el Gobierno gallego considera que esta ley se "adapta" al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, y que no "vulnera ningún ámbito competencial" del Estado.

CAMBIOS EN LA COMISIÓN BILATERAL

Por otro lado, Quintana calificó de "tremendamente trascendente e importante" que hoy se haya iniciado en esta reunión el proceso de modificación de la actual Comisión Bilateral de Cooperación para convertirla en una "auténtica comisión bilateral de relación entre los dos gobiernos".

"Hoy en este marco legal y oficial, la Administración gallega trasladó a la del Estado su petición de modificación del actual reglamento, y la Administración del Estado tomó en consideración esta petición, de manera que hoy se inicia un camino que en breve servirá para que la Comisión Bilateral de Cooperación actual sea parte del recuerdo y haya en su lugar una comisión bilateral Xunta-Estado, en muy pocas semanas", aseveró.

Según Quintana, la bilateralidad, que siempre reclaman desde una "perspectiva de autogobierno, hoy se oficializa" a través de esta reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación, por lo que expresó su deseo de "poder culminarla en breve al más alto nivel". "Se certifica así el compromiso que en su día hizo el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla", indicó.

Asimismo, apuntó que hoy se inicia el proceso y ahora hay que hablar del reglamento con el que se van a regir. Señaló que la Xunta tiene una propuesta y ahora espera que, "en el propio mes de abril", se puedan iniciar los trabajos que permitan esa definición del reglamento de la nueva comisión. A su juicio, "hoy es un primer paso muy importante para poder cumplir plazos".

Para el vicepresidente, la modificación fundamental es que hoy la Comisión Bilateral de Cooperación "está pensada para dirimir conflictos competenciales", y lo que se va a crear es una comisión bilateral que "nada tiene que ver" con esto y que servirá para el tratamiento de todos los temas que puedan afectar a Galicia y que siendo competencia del Estado, "éste quiera llevar adelante". "Es una comisión política de otra dimensión, que permitirá tratar temas económicos, políticos, administrativos y de impulso legislativo", dijo.

LEY DE COMERCIO

En la reunión también se trató la cuestión de la Ley de Comercio de Galicia, sobre la que la Administración del Estado, según explicó Quintana, plantea "algún conflicto competencial al respecto, sobre todo, de la determinación de horarios de cierre y apertura que se establece en dicha ley".

Así, apuntó que la Administración del Estado cree que determinadas disposiciones de esta ley sobre estos puntos vulneran la ley básica de comercio estatal. Por contra, la postura de la Xunta "no es esa", sino que considera que la ley gallega se "adapta" a la normativa estatal al tiempo que utiliza las competencias exclusivas de Galicia en la materia.

En este caso, indicó que la resolución del conflicto parece ser "posible" mediante la creación de una comisión de trabajo encargada de una "redacción transaccional" que permita dar satisfacción por un lado a la pretensión del Parlamento gallego, donde fue aprobada la ley, y por otro lado, certificar "en términos jurídicos por parte de la Administración del Estado que tal ley no vulnera en ningún caso las competencias del Estado".

Por tanto, adelantó que la comisión de trabajo va a trabajar alrededor de una fórmula "parecida a la que se pudo utilizar en el caso catalán", ya que la ley de comercio catalán también tuvo "algunos reparos" por parte de la Administración del Estado después de su aprobación, "llegando finalmente a una resolución favorable para todas las partes".