Ponía el foco sobre el abandono, colaboración con la Fegamp y vigilancia para el cumplimiento de normas, al igual que las 30 medidas de la Xunta
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
El dictamen de la comisión parlamentaria tras la ola de incendios de 2006 ya concluyó la "necesidad de implementar un mayor dispositivo disuasorio y de investigación para la detención de incendiarios", "reforzar los instrumentos de vigilancia y control" de cumplimiento de la normativa, así como mejorar la prevención con actuaciones de limpieza y acuerdos con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
Este informe de la comisión de 2006, durante el bipartito, fue elaborado por diputados del PSdeG y BNG tras las comparecencias de diversos cargos públicos y expertos, ya que el PPdeG no participó en ese órgano al considerar que debía ser de investigación.
El pasado martes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, propuso un "pacto de país" con una treintena de medidas contra el fuego y la activación de una comisión parlamentaria específica.
Entre esas 30 propuestas se encuentran la creación de grupos forestales de investigación, una red de videovigilancia, actuaciones contra el abandono, mejoras en la prevención con acuerdos con la Fegamp, campañas de sensibilización educativa, así como fomento de plantaciones caducifolias y pastoreo extensivo, entre otras.
Precisamente, una de las cuestiones sobre las que incidía el informe parlamentario de 2006 era "la sensación de impunidad respecto a los autores de delitos de incendio forestal por el reducido número de detenciones", al tiempo que subrayaba las "dificultades en la consecución de pruebas materiales", "lo que obliga a basar toda la investigación en pruebas indiciarias y testimonios de personas que puedan aportar algún dato".
Sobre esta cuestión, en su comparecencia parlamentaria de esta semana en pleno, Feijóo informó de iniciativas que buscan facilitar la tarea de identificar incendiarios en el momento en que cometan un delito y sea "más sencillo" llevarlos ante un juez. Para ello, se ahonda en la materia de investigación con mayores recursos y en la disuasión con cámaras en lugares en función de la incidencia de fuegos.
ABANDONO, TIPOS DE ÁRBOLES, RELACIÓN CON LA FEGAMP Y EDUCACIÓN
En el informe parlamentario de hace más de una década se ponía el foco, entre otras, sobre cuestiones como el abandono, la carencia de apoyo a árboles caducifolias, los riesgos de prácticas agroganaderas intensivas frente a extensivas, la necesaria colaboración con la Fegamp, así como la apuesta por la educación. Temas que forman parte de la treintena de medidas propuestas por la Xunta esta semana para un acuerdo forestal y de lucha contra el fuego.
De tal forma, se alertaba del abandono "masivo" de tierras agrarias y del rural en Galicia, con un cierre de explotaciones por el que estaba "retrocediendo el terreno agrario en favor del monte".
Así, advertía de que donde "hay menos incendios, con carácter general, es en las zonas en las que hay una mayor actividad agroganadera y en aquellas zonas forestales que están debidamente ordenas y con labores de silvicultura adecuados".
Por ello, las conclusiones pedían, "con carácter de urgencia", los mecanismos administrativos para que la Xunta pudiese "conocer, definir y tutelar las superficie abandonada o de desconocidos".
En lo tocante a la Fegamp, se instaba a que el Gobierno gallego llevase a cabo "instrumentos de colaboración" para la "realización de labores de prevención y vigilancia", al tiempo se avisaba de las dificultades para la puesta en marcha de convenios para brigadas municipales.
Una de las críticas que se recoge en el informe es que "se dedicaron todos los recursos a la extinción, sin dedicar recursos a la prevención y a la valorización del monte".
También se abogaba por "la introducción de especies caducifolias nobles", además de avisar de que en los 35 años anteriores se había producido una "irracional forestación", "principalmente" con eucaliptos y pinos.
Asimismo, se reflexionaba sobre cómo la forma de producción "intensiva y desvinculada de la base territorial" había provocado "un abandono del rural más acusado en las zonas del interior y de montaña". Finalmente, se demandaba una apuesta por una "educación para la sostenibilidad en el sistema educativo formal".
Ahora, entre las nuevas medidas propuestas por Feijóo se incluyen: la incorporación cautelar al banco de tierras de todos los terrenos abandonado con propietario desconocido, fallecido o ilocalizable; colaboración Xunta y municipios para financiar la limpieza de montes; garantizar que el 100% de los municipios tengan bomberos o brigadas; promoción del pastoreo extensivo; fomentar las frondosas autóctonas y una campaña de sensibilización en la educación obligatoria.
UNA COMISIÓN CRITICADA POR EL PP
Esa comisión de estudio de las causas de los incendios de 2006, que tenía como presidente al diputado del BNG Iago Tabarés y de secretario al diputado del PSdeG Abel Losada, eximió de cualquier tipo de responsabilidad política de la ola de fuegos a la Xunta del bipartito y a los alcaldes que se negaron a contar con brigadas municipales.
Así, atribuyó la crisis incendiaria --que arrasó más de 80.000 hectáreas-- a las "carencias" del dispositivo de extinción diseñado por el PPdeG.
Estas conclusiones, presentadas a finales de 2006, fueron criticadas por los populares, que no participaron en la comisión, y mostraron su "indignación" por "culpar" al PPdeG de las "carencias" que presentó el dispositivo de extinción en la ola de fuegos de agosto.
Los populares recordaban entonces al bipartito que este operativo llevaba ya un año "bajo su mando". Por tanto, si consideraban que debía ser objeto de "cambios", "deberían haberlos hecho".
En aquel momento, el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, tachaba el órgano habilitado de "pseudocomisión" y "paripé" que "criminaliza a los responsables del PP", e insistía en solicitar una comisión de investigación.
UNAS 70 COMPARECENCIAS
En 2006 se llevaron a cabo 18 sesiones de trabajo con casi 70 comparecientes, entre altos cargos de la Xunta, alcaldes de municipios afectados, representantes de brigadistas y sindicatos, así como miembros de entidades ecologistas y empresariales.
Algunos de los que comparecieron fueron los conselleiros de: Medio Rural, Alfredo Suárez Canal; Presidencia, José Luis Méndez Romeu; Medio Ambiente, Pachi Vázquez; y Política Territorial, María José Caride.
También tomaron la palabra el por entonces delegado del Gobierno, Manuel Ameijeiras; presidentes de diputaciones como José Luís Baltar y Rafael Louzán; así como directores xerais de Montes, Protección Civil y Protección da Natureza.
