Aseguran que está "en manos" de la Xunta evitar esta situación si reabre la negociación para un acuerdo laboral "digno y justo"
SANTIADO DE COMPOSTELA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los 1.400 efectivos del Servizo de Defensa contra Incendios Forestais (SDCIF) de la Xunta están de nuevo convocados a una huelga hoy y otros tres días de agosto (23, 28 y 30), coincidiendo en plena época de alto riesgo de incendios, después de que los dos paros de julio (19 y 31); las manifestaciones; y la recogida de firmas del 90% del personal exigiendo la reapertura de la negociación para un acuerdo laboral "digno y justo" para estos trabajadores "no obtuviese respuesta" por parte de la Consellería de Medio Rural.
"No nos queda otra salida", argumentaron para justificar esta convocatoria los portavoces de los sindicatos convocantes, CC.OO. y CSIF, Emilio Doforno y Juan Carlos Rivas, respectivamente, quienes aseguraron que, en todo caso, tanto la Xunta como la Consellería de Medio Rural tiene "en sus manos" evitar estas cuatro jornadas de huelga, "en plena época de alto riesgo de incendios" con que "tan sólo reabran la mesa de negociación".
Así se lo advirtieron el día que anunciaron la convocatoria de estos cuatro días de paro al departamento que dirige Alfredo Suárez Canal, al que acusaron de actitud "intransigente e irresponsable" por "prolongar" este conflicto con los trabajadores "desde hace más de 20 meses" y que ha provocado en su juicio que se llegue a este medida en época de alto riesgo de incendios.
Por ello, rechazaron que se "criminalice" a estos trabajadores por ir a huelga en campaña de máximo riesgo, ya que consideraron que han dejado "probada" su "responsabilidad y profesionalidad" cuando en las anteriores convocatorias de paros "cumplieron" con servicios mínimos "claramente abusivos" e incluso, recordaron que el pasado año llegaron a desconvocar una jornada de paro como "gesto responsable", que ahora esperan sea reconocido por Medio Rural convocado "de modo inmediato" esta mesa de negociación.
Los dos sindicalistas recordaron que los trabajadores piden que se reabra esta mesa para alcanzar un acuerdo con mejoras de condiciones laborales "justas y dignas", después de que el de eficacia limitada firmado por los sindicatos CIG y UGT fuese declarado nulo por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el pasado 17 de marzo.
Precisamente, Doforno explicó que los dos sindicatos (CIG y UGT) que firmaron el acuerdo anulado han solicitado también que se reabra esta mesa de negociación. "La unidad sindical existe, por lo tanto sólo falta que Medio Rural o el Gobierno gallego dé el paso", aseguró con respecto a esta mesa para llegar a un acuerdo.
No obstante, Doforno y Rivas advirtieron de que ninguno de estos dos sindicatos admitirá o aceptará un acuerdo que "rebaje" los derechos de estos trabajadores y los sitúa por debajo de los que cuenten el personal laboral de la Xunta. "Eso no lo vamos a consentir", anunciaron ambos.
Entre los derechos que CC.OO. y CISF aseguran que se están quebrantando de este persona personal se encuentran, según citaron, que no se les paga la nocturnidad; no cuentan con un cuadrante de horarios de trabajo y de descanso "razonable y aceptable"; y no se les permite coger días o vacaciones en los meses de verano.
"CHIRINGUITO" SEAGA
CC.OO. y CSIF también justifican estos paros para mostrar así su malestar y rechazo a la creación de la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA), que calificaron de "chiringuito" y a través de la cual, según denunciaron, Medio Rural pretende privatizar un servicio público, "que ha demostrado ser el más eficaz del Estado, en tiempo de respuesta en extinción".
Además, Doforno aseguró que en su tiempo de puesta en marcha, el SEAGA ha demostrado que "no se ha mejorado en eficacia y en coordinación" y "le cuesta a los gallegos muchos más que si fueran trabajadores contratados por la Xunta".
Por ello, mostró sus dudas de que existan efectivos de extinción de otras comunidades --como es el caso de Castilla-La Mancha-- que soliciten que todos los trabajadores estén integrados y gestionada su labor a través en una empresa pública como la de SEAGA en Galicia.
"No creo que ningún trabajador o sindicato abogue por esto. Otra cosa es que se lo impongan", aseguró Doforno, quien consideró que en el caso de comunidades, como Castilla-La Mancha, "el camino a recorrer es ir desmontándolo".
