La ley de incendios causa pérdidas de 5.000 euros anuales en granjas del Macizo Central al prohibir el pastoreo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia prohíbe pastorear en todos los terrenos que resulten afectados por el fuego en un plazo mínimo de dos años, circunstancia que llega a provocar pérdidas de hasta 5.000 euros anuales a las explotaciones del Macizo Central debido a la necesidad de comprar forraje para la alimentación del ganado.

Así lo denuncian los secretarios generales de los sindicatos Unións Agrarias y Xóvenes Agricultores, Roberto García y Francisco Bello, respectivamente. En declaraciones a Europa Press, rechazan que "se persiga" y "se demonice" a los ganaderos y critican que la Red Natura "solo" supone "trabas" y que el monte esté abandonado.

El Macizo Central, integrante de la Red Natura 2000, se extiende por los municipios ourensanos de O Bolo, Chandrexa de Queixa, Castro Caldelas, Laza, Manzaneda, A Pobra de Trives, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Quiroga, Larouco, Vilar de Barrio, Baños de Molga, Maceda y Montedorramo.

En esta zona sobreviven en torno a 120 granjas con unas 2.400 reses, número que disminuye año a año, según denuncian las organizaciones agrarias, con lo que la comunidad deja de beneficiarse de su función como fijadoras de la población en una comarca del interior que lleva décadas en constante retroceso demográfico.

En este espacio montañoso, las vacas y numerosas especies protegidas conviven con un factor ajeno al hábitat que por habitual está llamado a convertirse en un elemento más del entorno: el fuego. Todos los años --y 2013 no es la excepción-- decenas de incendios queman centenares de hectáreas en las sierras de San Mamede, Queixa, O Fial das Corzas y O Invernadeiro. En la última semana, sin ir más lejos, las llamas han hecho acto de presencia en Chandrexa de Queixa, Montedorramo y Baños de Molga.

LEY DE 2007

Para atajar esta problemática y favorecer la recuperación del medio rural en la Red Natura 2000, la ley contra incendios, aprobada en 2007 por la Xunta bipartita --gobernada por PSdeG y BNG--, estableció en su artículo 43.1 limitaciones al pastoreo.

Así, "con carácter general, se prohíbe el pastoreo en todos los terrenos forestales que resulten afectados por incendios forestales, en un plazo mínimo de dos años a partir de la fecha en que se produzca el fuego y hasta que las apropiadas condiciones de restauración de la masa arbolada lo permitan, en cuyo caso se precisará de autorización administrativa en los términos que se establezcan al efecto".

En el siguiente punto (43.2), la norma señala que "reglamentariamente podrán contemplarse excepciones a la prohibición establecida en el apartado anterior, basadas en la acreditación de pérdidas de difícil subsanación por la prohibición al pastoreo o en la inexistencia de alternativas al pastoreo en las áreas afectadas por incendios forestales dentro de la misma comarca".

MALESTAR GANADERO

El malestar que ocasiona el primero de los preceptos entre los ganaderos del Macizo Central es palpable y, al respecto, las centrales reprueban que se señale al sector al identificar a los incendiarios con "un gremio", cuando "el que prende los incendios es un delincuente, y no un colectivo".

Por ello, Roberto García y Francisco Bello reclaman otro tipo de medidas para resolver este asunto. Para el líder de UU.AA., "se va a lo fácil" pero impedir que las cabezas de ganado pasten después de que un fuego "no resuelve nada", sino que "lo único que genera es nuevo combustible que, más tarde, vuelve a ser pasto de las llamas". "Es necesario un plan de acción serio con dinero encima de la mesa, y hay que desbrozar durante todo el año, algo que no se está haciendo", afirma el máximo dirigente de XX AA.

"ESTUDIANDO" EXCEPCIONES

La Administración autonómica es consciente de estas demandas y, de hecho, el Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo reveló hace dos años que estaba "estudiando los casos" para tratar de aplicar, "en la medida de las posibilidades" y en los supuestos "verdaderamente adecuados", la excepcionalidad que fija el artículo 43.2 de la ley.

Quien lo comunicó, en noviembre de 2011 en una comisión de agricultura del Parlamento, fue el por entonces director xeral de Produción Agropecuaria, José Álvarez Robledo, en el contexto de una ola de incendios que había calcinado miles de hectáreas del Macizo Central en septiembre de ese ejercicio.

La diputada del BNG Tereixa Paz pidió al Ejecutivo gallego en aquella sesión determinar los "lugares y las explotaciones concretos" que quedarían exonerados, con el objetivo de no perder las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) una vez se aplique la reforma, que vinculará el cobro a la producción.

MÁS RESTRICCIONES

No obstante, solo meses después, en abril de 2012, el Partido Popular anunció en la misma comisión que la nueva Ley de montes --hoy ya en vigor-- limitaría la concesión de permisos excepcionales, por lo que quedarían excluidas las áreas geográficas que registran "de forma sistemática" un elevado número de incendios.

La popular Emma Álvarez Chao defendió esta restricción con el ánimo de evitar "el empleo del fuego" como método para disminuir las masas forestales y habilitar pastos.

En este escenario, y de nuevo en plena época de alto riesgo de incendios forestales, vuelve el debate sobre cómo solventar la situación y es que, en opinión del responsable de Unións, "es difícil de entender que se persiga a los pocos heroicos que quedan con vacas en esta zona", que no tienen "culpabilidad alguna" y a los que se impone un "castigo preventivo".

La ley "genera un daño importante", advierte García, quien hace referencia a que el texto y sus implicaciones cohabitan en el tiempo con unos costes de producción "disparatados" y la "ausencia de pasto disponible" dada la reducida dimensión que, por razones históricas, tienen las granjas en Galicia.

Por parte de Xóvenes, Bello opina que la norma para luchar contra los incendios tiene "bastantes cosas mejorables". Dos años sin poder pastar suponen "una ruina total" para el ganadero, con un sobrecoste que él fija entre 3.000 y 5.000 euros, aunque --constata-- depende del número de reses. Roberto García sitúa este gasto imprevisto en forraje en unos 1.500 euros al año para cada explotación --ambos hablan de medias--.

La posible pérdida de los pagos directos de la PAC, como recuerda Francisco Bello, es otro de los daños colaterales, y su relevancia para la supervivencia de la actividad, "fundamental". "No tiene ningún sentido prohibir el pastoreo", inciden ambos portavoces.

MULTAS

A todo esto se suman ahora los "cientos" de multas a los que, desde este año, Xóvenes Agricultores está haciendo frente en sus oficinas. Bello asegura que se trata de ganaderos que disponían de permisos excepcionales pero que, "aún así", agentes del Seprona están identificando a las vacas que pastan en terreno que ardió previamente y enviando "masivamente" las sanciones.

La mayor parte, explica, están recurridas, y rondan los 1.000 euros por explotación. "Es lo más fácil, amedrentar. Hemos tenido muchas reuniones con la consellería por este tema y creo que la solución última pasa por elaborar un plan consensuado que evite que los incendiarios tengan en esta zona un caldo de cultivo", subraya.

"Las autoridades tienen que entender que en las zonas protegidas por la Red Natura viven personas", prosigue Bello, al reprochar que esta figura de protección del medio natural se traduce en consecuencias "negativas" para los habitantes de estos parajes.

En esta línea, argumenta que "muchas veces lo más abandonado es la Red Natura". "Porque no se debe perturbar el sueño de un pájaro, no se puede desbrozar, y luego arde todo y también arde el pájaro", concluye con ironía.