Rural.- MARM y sector ven "artículo a artículo" las alegaciones del decreto lácteo para adaptarlo a la normativa europea

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reunión convocada por la Subdirección General de Productos Ganaderos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y a la que han asistido este miércoles organizaciones agrarias, industria y cooperativas ha analizado "artículo a artículo" las alegaciones que los diferentes colectivos y la propia Interprofesional Láctea (Inlac) presentaron al borrador del decreto que el departamento de Rosa Aguilar elabora para imponer, por ley, la utilización de contratos homologados en el sector.

El objetivo ha sido estudiar su "adecuación" a la normativa europea. Este encuentro, de tipo "técnico", ha estado precedida por otro del mismo carácter, pero por la mañana, entre responsables del ministerio y de las diferentes comunidades autónomas, en el que se han tratado las respectivas alegaciones de los Gobiernos autonómicos, tal y como han explicado a Europa Press fuentes participantes en la reunión de la tarde.

Así, el secretario xeral del sindicato Xóvenes Agricultores (XX.AA.), Francisco Bello, ha expresado el "rechazo" y el descontento "de todos" --centrales agrarias, industria, distribución y cooperativas--, puesto que, según denuncia, el ministerio "ha armado un lío" este miércoles "donde había consenso".

"MÁS PAPISTAS QUE EL PAPA"

"Se están constando muchas diferencias de interpretaciones y hay muchas dudas sobre el Real Decreto", ha valorado, en declaraciones a Europa Press, cuando el encuentro todavía no había terminado. Así, ha criticado a los servicios jurídicos del MARM al considerar que están siendo "más papistas que el Papa" por esgrimir argumentos más restrictivos que los de la propia Comisión Nacional de la Competencia (CNC) respecto a los contenidos del texto legislativo --precios y garantías de recogida del producto, entre otros--.

Así las cosas, Asaja (sindicato de ámbito nacional en el que se integra XX.AA.) considera que el departamento de Aguilar "está dando pasos atrás" y "tratando de cercenar el decreto antes de su salida", prevista para el próximo 1 de abril. "Están creando más incertidumbre", ha censurado Bello.

Asimismo, ha lamentado que el compromiso hecho público por Rosa Aguilar de "tener en cuenta las propuestas de la Inlac" no se esté cumpliendo y ha expresado su rechazo a las organizaciones de productores --una de las cuestiones que aborda el decreto y, a su vez, propone la Comisión Europea para la reforma de la Política Agraria Común (PAC)--.

"Esperamos que esto tenga una continuación en breve", ha comentado Francisco Bello, en alusión a una nueva reunión, ya que, como ha añadido, el reglamento comunitario "no se conocerá hasta el verano".

REBAJA DE LAS TONELADAS

Por su parte, el secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.) en O Deza, Román Santalla, ha concretado a Europa Press que una de las novedades del encuentro es la rebaja, por parte del ministerio, de la cantidad que pretende permitir manejar a una organización de productores --encargadas de la negociación con la industria--: de las 300 a las 200 toneladas.

Pese a todo, UPA (en el que se integra Unións), se opone, al igual que Asaja, a su creación, porque entiende que supone "duplicar" una función que ya cumplen las organizaciones agrarias. "Es reinventar lo que ya está hecho", ha ilustrado y ha augurado que "no van a ser la panacea, pero son cosa de Bruselas".

Respecto a los contratos homologados, esta central continúa exigiendo un modelo único, frente a lo que el MARM "dice que seguramente se compaginarán varios". En este caso, Santalla plantea la creación de una comisión de seguimiento y advierte que, en este punto, UU.AA. "va a ser insistente".

Por último, y sobre lo que sí reconoce acuerdo, es acerca del papel que deberá ejercer en el nuevo escenario la Inlac --que preside el propio Román Santalla-- y que "hay que reforzar".

"NEGOCIACIÓN COLECTIVA"

Por su parte, el Sindicato Labrego Galego, a través de su secretaria xeral Carme Freire y junto a las cooperativas, ha vuelto a defender la necesidad de que el contrato "parta de un precio base que cubra los costes de producción y un salario digno para los productores de leche".

Además, Freire ha expresado, también, su oposición a que el valor pueda ser negociado por las organizaciones de productores "de manera fragmentada". Por contra, ha mantenido que se acuerde "de forma global y colectiva" en el seno de la Inlac, "único órgano legitimado para hacerlo".