Rural.- PSdeG y BNG aprueban el dictamen para desvincular la Xunta de las fundaciones comarcales sin el apoyo del PPdeG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios que sustentan la Xunta --PSdeG y BNG-- aprobaron hoy el dictamen sobre el proyecto que modifica la Lei de Desenvolvemento Comarcal que disolverá la Sociedade de Desenvolvemento Comarcal (Sodeco) --de titularidad pública-- y que desvinculará al Gobierno gallego de las 34 fundaciones comarcales para "racionalizar" la estructura administrativa y "evitar duplicidades" en la gestión y promoción comarcal.

Por el contrario, el PPdeG censuró la postura de socialistas y nacionalistas, que rechazaron las trece enmiendas presentadas por la oposición, entre ellas una en la que demandaban que puedan integrarse en la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural los trabajadores de las fundaciones comarcales, que en en el momento del debate parlamentario se manifestaban en el exterior de la Cámara autonómica.

Tanto la nacionalista Tareixa Paz como la socialista Marisol Soneira explicaron que el proyecto legislativo no significa que las fundaciones vayan a desaparecer sino que la Xunta dejará de formar parte del patronato de las mismas. "Si quieren seguir funcionando, pueden", apostilló Soneira, que instó a estos entes a presentar proyectos para poder recibir subvenciones de la Administración gallega.

En opinión de la diputada del PSdeG, con la modificación legislativa, que será aprobada definitivamente en el próximo pleno, se conseguirá "reorganizar y simplificar" la Administración gallega. En la misma línea, Paz explicó que la norma acabará con los instrumentos que "no son de utilidad" para Galicia, como la Sociedad de Desarrollo Comarcal (Sodeco), que considera "redundante" respecto a la Axencia Galega de Desenvolvemente Rural.

De este modo, la nacionalista aseguró que se supera el modelo del anterior Gobierno popular, que Soneira calificó como "una de las mayores chapuzas" de la historia de la comunidad. "Las fundaciones se diseñaron como instrumentos sectarios de control político", denunció y, frente a esto, defendió establecer fórmulas para desarrollar el rural gallego.

POSTURA DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, el popular Antonio Rodríguez Miranda acusó a la Xunta de querer "simplemente destruir" lo que tiene que ver con el anterior Gobierno popular y, en este sentido, ironizó con que la Consellería de Medio Rural será recordada como "benegueitor" y su titular como "Canal, el destructor".

Además, interpretó que la Consellería ha vaciado de competencias a las fundaciones para "ahora eliminarlas" y calificó de "caciquil" su actuación en materia de personal ya que, según censuró, los trabajadores de Sodeco seguirán en la Xunta mientras que los de las fundaciones no lo harán, pese a haber superado un proceso selectivo convocado por la Xunta.

Finalmente, reprochó a Medio Rural que no haya hecho "nada" en materia de desarrollo comarcal en lo que va de legislatura e interpretó que esto se debe a que el bipartito "carece de modelo" para el desarrollo comarcal.

PROTESTA DE LOS TRABAJADORES

Paralelamente al debate parlamentario, una treintena de trabajadores de las fundaciones comarcales volvieron a manifestarse fuera de la Cámara autonómica para reclamarle a la Xunta que en la tramitación de la nueva Lei de Desenvolvemento Comarcal "incluya una disposición que garantice la estabilidad laboral de todos los empleados" de estos órganos.

Posteriormente, se dirigieron a la Consellería de Medio Rural para hacer la misma reivindicación en un acto del titular de este departamento, Alfredo Suárez Canal. Bajo pancartas de la CIG y CC.OO., reclamaban 'Estabilidad laboral y no discriminación' en su lema central mientras coreaban proclamas como "Suárez Canal, cacique del rural" y "O Bloque xa é a semente do PP" --"El Bloque ya es la semilla del PP"--.

El colectivo pretende que el personal de las fundaciones comarcales, en caso de que éstas desaparezcan, tenga la opción de integrarse y prestar servicio en las sociedades o entes públicos de la Administración Autonómica. Aunque abogan por continuar con el "diálogo", el colectivo asegura que "no tendrá otro remedio" que acudir a la vía judicial si la Xunta no accede a sus peticiones.

Según explicó a Europa Press el portavoz de Comisiones Obreras, Benxamín Vences, existe una "actitud maliciosa" por parte de la Consellería de Medio Rural, que, a su entender, busca el "despido encubierto" de los 34 trabajadores "fijos de este ente público.

"Es un intento de deshacerse de los técnicos independientes, que pudieran ser unos testigos incómodos de cara a la gestión de los fondos europeos hasta 2013", elucubró, y exigió al conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, y al presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, que intervengan para que este conflicto se solucione por la vía del diálogo.