SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Labrego Galego (SLG) exigió hoy a la Consellería de Medio Rural y al Gobierno central que "agilicen" los pagos pendientes de las subvenciones comprometidas en 2008 para los ganaderos gallegos de vacuno, ovino y caprino.
El portavoz de la organización agraria en estos subsectores, Adolfo Cabarcos, denunció que, hasta la fecha, sólo se facilitó el acceso a una línea de créditos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que rebaja los intereses del 5 al 1,5 por ciento y que se traduce en un préstamo de unos 2.000 y 3.000 euros para las explotaciones cárnicas de la comunidad.
El SLG criticó, no obstante, el "incumplimiento" en la respuesta dada por las administraciones públicas a la crisis denunciada la primavera pasada por los productores de los subsectores ganaderos orientados a la obtención de carne.
Así, Cabarcos lamentó que la presentación de solicitudes para recibir la asignación comprometida en la ayuda directa del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) a la cría de razas autóctonas se haya ampliado hasta el próximo mes de mayo cuando la orden preveía resolver estas subvenciones en octubre.
Con respecto a Medio Rural, la organización agraria condenó que la Administración autonómica todavía esté solicitando documentación para abonar la aportación correspondiente al Contrato de Explotación Sostenible (CES).
En esta línea, Cabarcos manifestó que la Xunta había comprometido el pago de estas ayudas en 2008 a las explotaciones que se dediquen a la producción de carne en extensivo.
CONTRATOS HOMOLOGADOS
Por su parte, la secretaria xeral de SLG, Carme Freire, aseguró en respuesta a preguntas de los medios de comunicación que la situación del sector lácteo gallego es "la misma que hace un año" al sostener que las industrias pagan cuantías diferentes a cada ganadero que acepta suscribir un contrato homologado. Así señaló que mientras algunos cobran 27 céntimos por litros, otros reciben 33 y algunos 36.
Freire insistió en que las ayudas de Medio Rural a las empresas lecheras que firmen contratos homologados con al menos el 50 por ciento de sus productores es la "más grave desde que tenemos este Gobierno" por considerar que se obliga a suscribir estos documentos para tener acceso a las ayudas.
Una vez más criticó la falta de un precio base que permita aplicarse a todos los productores lácteos. "Si eso son negociaciones y contratos --suscritos uno a uno con precios distintos en cada caso-- para el futuro quedará el desastre del sector", concluyó.