El Gobierno gallego buscará un acuerdo con la Fegamp para el desarrollo de la Ley de Aguas
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El 40% de las depuradoras gestionadas por ayuntamientos en Galicia de las que se tienen datos (se conoce información de 104 de las 132 situadas en núcleos de más de 2.000 habitantes) presenta "deficiencias" en la gestión, un problema que la Xunta aspira a resolver, por lo que se ofrece a encargarse de estas estaciones si los responsables locales lo piden.
Así lo han explicado en rueda de prensa el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, y el presidente de Augas de Galicia, Francisco Menéndez, que han concretado que en la actualidad hay 132 EDAR --estaciones depuradoras de aguas residuales-- en explotación en localidades de más de 2.000 habitantes, de las que 23 son gestionadas por la Xunta. Otras siete se encuentran en el año de garantía del contratista y 17 más están en ejecución.
El resultado es que a finales de 2011 habrá en Galicia 150 depuradoras de este tamaño funcionando. De las 104 de las que ahora se tienen datos, 42 "no alcanzan un nivel aceptable de explotación", mientras que 57 tienen desinfección pero 14 no la usan y otras 17 la tienen "directamente" inoperativa.
El conselleiro y el presidente de Augas de Galicia han presentado dos normas que desarrollan la Ley de Aguas y que saldrán la próxima semana a exposición pública: el reglamento marco de la prestación del servicio de saneamiento y depuración y el decreto de colaboración entre Administración Hidráulica de Galicia y los ayuntamientos.
En este sentido, Hernández ha remarcado que la voluntad del Gobierno gallego es la de llegar a un acuerdo con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), para establecer una gestión "más eficaz" de los recursos derivados de las tasas y el canon del agua y para "optimizar el sistema de saneamiento".
10.000 KILÓMETROS MÁS DE COLECTORES
Así, en relación con el reglamento, Menéndez ha destacado que a los 16.000 kilómetros de colectores que constituyen actualmente la red, será necesario sumar otros 10.000 para dar cobertura a todos los núcleos de más de 50 habitantes. Entre los retos de estas infraestructuras, ha citado el de evitar las infiltraciones en aguas limpias, la falta de control de las pluviales (que se mezclan con las fecales, en muchos casos, cuando llueve) y los vertidos industriales no controlados.
Al hilo de ello ha explicado que entre el 50% y el 80% de la carga contaminante "se pierde en el camino" cuando llueve y que, en muchos casos, los puntos de vertido son "causa de este mal funcionamiento de la red".
El responsable de Augas de Galicia ha indicado que las industrias deberán obtener, de acuerdo con el reglamento, un permiso de vertido si se conectan a la red pública de saneamiento y, en casos en que se supere el límite de contaminantes, deberán someter las aguas a una depuración previa.
COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES
Por otra parte, el decreto de colaboración con las entidades locales establecerá la posibilidad de que la Xunta se haga cargo de la gestión de depuradoras de núcleos de más de 2.000 habitantes (o las de más de 1.000 habitantes si se asocian con otra de un tamaño mayor) si así lo solicitan los ayuntamientos.
Además, algunas obras hidráulicas podrán ser declaradas de interés de la Comunidad Autónoma, con lo que se podrán agilizar, y la Xunta podrá intervenir en caso de una deficiente depuración o abastecimiento ponga en riesgo los servicios o el medio ambiente. Se trata, ha argumentado Menéndez, de una "herramienta de presión" para que "las entidades locales asuman sus responsabilidades", dado que, en caso de tomar parte el Gobierno gallego, los costes se repercutirán "a los responsables".
El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ha subrayado que espera que estos textos legales, "adaptados a la realidad gallega" tengan vigencia en el corto, el medio y el largo plazo y ha confiado en lograr el consenso para los desarrollos de la Ley de Aguas, que prevé que entren en vigor este mismo año.
En cuanto a la sanción de la UE a España por las deficiencias en la depuración, que afecta a varias ciudades gallegas, Hernández ha replicado que el único caso en que las competencias son de la Xunta es el de Ribeira, en donde se está diseñando una EDAR que evite los vertidos a la Ría de Arousa. El resto de las poblaciones advertidas, ha apuntado, tiene obras declaradas de interés general y que son responsabilidad del Estado.
