Abren juicio oral al alcalde y al exregidor de Malpica por un delito contra el territorio

Actualizado: jueves, 13 octubre 2016 18:49

   Parga y Varela, junto con otras cuatro personas, se exponen a penas de un año de prisión y a ocho años de inhabilitación

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Juzgado de Instrucción número 3 de Carballo (A Coruña) ha acordado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Malpica de Bergantiños, Eduardo José Parga (PP), así como para el que fuera alcalde con el PSOE y antecesor suyo en el cargo, José Ramón Varela, junto a otras cuatro personas, por un supuesto delito contra la ordenación del territorio ligado con la recalificación urbanística de un terreno.

   Junto con Parga y Varela deberán también sentarse en el banquillo el edil independiente Antonio Manuel Pereira Rodríguez (que dejó el PSOE en enero de 2015), así como de la exsecretaria municipal C.S.B. y del técnico J.L.A.S.

   En concreto, se pide la imposición a cada uno de los acusados de la pena de un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e inhabilitación especial para cargo público durante ocho años.

   Asimismo, en la resolución se declara órgano competente para la celebración del juicio al Juzgado de lo Penal de A Coruña y se requiere a los acusados para que, de forma conjunta y solidaria, presten una fianza de 650.000 euros. De dicha cantidad responderá subsidiariamente el Ayuntamiento de Malpica.

RECALIFICACIÓN BAJO SOSPECHA

   Según publicaron en su día varios medios de comunicación en el ámbito local, los acusados formaban parte de la comisión de gobierno que en el año 2006 (cuando dirigía el gobierno local José Ramón Varela) aprobó una licencia para construir un bloque de 34 pisos en una zona de la Atalaia que no reunía las características para ser calificada de solar.

   Previamente, en 2003, también bajo mandato del socialista, se produjo una recalificación del terreno rústico para convertirlo en urbanizable. Sin embargo, según la Fiscalía, dicho cambio en el planeamiento urbanístico no fue completado según las normas vigentes, por lo que el suelo afectado tendría la consideración de no urbanizable de protección de Costas.