Anuncia que si no se se resuelvan sus expedientes antes de finales de mayo, adoptarán acciones de protesta "más contundentes"
A CORUÑA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
Afectados por la Bolsa de Alquiler de la Xunta han constituido una asociación con el objetivo de "presionar" a la Administración autonómica para que resuelva los más de 600 expedientes paralizados con el nuevo Gobierno autonómico por las irregularidades detectadas en el funcionamiento de este sistema para alquiler de viviendas.
La Asociación (ABA) -que cuenta con 43 socios afectados y una junta directiva de cinco miembros, presidida por Pol Fernández- pretende reclamar sus derechos ante lo que considera un "atropello manifiesto y una "chapuza administrativa de la Consellería de Vivenda", señalan en un comunicado.
En el texto explican que los miembros de esta Asociación entregaron sus solicitudes para formar parte de esta Bolsa de Alquiler antes de su paralización en noviembre de 2005. Añaden que en la mayor parte de los casos la administración ya había cubierto "todas las etapas necesarias para realizar la firma del contrato" como el peritaje o la aceptación de la documentación.
"Sin embargo en el mes de noviembre se negó a firmar ningún contrato sin dar más explicaciones y posponiendo cualquier decisión a la entrada en vigor del nuevo decreto que no se produjo hasta la última semana de febrero de 2006", recuerda la Asociación. Afirma también que el nuevo decreto les dejó "al margen" como si no hubiesen entregado "ni un solo papel", ni estuviesen viviendo en los pisos y como si los peritos no hubiesen "certificado" sus viviendas como aptas.
SOLUCIONES
Además, cuestionan las soluciones que la Consellería de Vivenda da a este colectivo y rechazan la posibilidad de volver a mudarse cuando se encuentre un piso para los afectados. Así, recuerdan que hay personas que llevan ocho meses pagando la totalidad de un alquiler "que supera con mucho sus posibilidades económicas", precisa. Insisten también en que "todos" los que integran la Asociación cumplieron "estrictamente la legalidad" y entregaron sus papeles "con el decreto aún vigente".
Añaden que el hecho de que la Xunta se limite a dar el visto bueno a los que obtuvieron la fecha de firma antes de la paralización de los trámites a mediados de noviembre implica que "gente que entregó sus papeles en agosto en A Coruña, sí que obtuvo fecha de firma, pues el tapón administrativo era menor que en Santiago, y gente que presentó sus papeles en Santiago en julio, un mes antes, no obtuvo fecha de firma, y por lo tanto se va a la calle literalmente".
La Asociación indica que están de acuerdo en que se evite el fraude, pero añade que "no puede ser a costa de tirar a la basura todas las solicitudes sean correctas o no" y denuncia también que "no se ha investigado ni un solo caso de los que tienen fecha de firma".
Por otra parte, anuncia que su primera iniciativa será reunirse con los grupos socialistas y popular en el Parlamento gallego para explicar sus peticiones. En caso de que no se resuelvan sus expedientes antes de finales de mayo, anuncian que adoptarán acciones de protesta "más contundentes".
