Investigaciones en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense
MADRID/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está llevando a cabo nuevas inspecciones en empresas gallegas por su supuesta vinculación con buques incluidos en la lista de pesca ilegal de la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida (Ccrvma), y que no se encontraban en la primigenia 'Operación Sparrow'.
Según informa en un comunicado, tras meses de nuevas investigaciones, los inspectores de pesca están recabando documentación física y electrónica en la sede de varias empresas situadas en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense.
El operativo, denominado 'Sparrow 2', "es aún más complejo que el anterior por las diferentes localizaciones de las empresas inspeccionadas", explica el Ministerio.
Las empresas inspeccionadas y sus responsables pueden enfrentarse a sanciones de hasta 600.000 euros por cada infracción muy grave detectada, y la inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras.
"Estas investigaciones reafirman el compromiso y liderazgo de España en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca Indnr), para perseguir cualquier posible vinculación española con la pesca ilegal", destaca el Gobierno.
Las inspecciones, que cuentan con la autorización judicial en el marco de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y el amparo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se prolongarán durante los próximos días.
PRIMERA OPERACIÓN SPARROW
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca, ha iniciado un proceso sancionador a cuatro buques relacionados con empresas domiciliadas en Galicia en el marco de la primera operación 'Sparrow'.
En concreto, les imputa 19 infracciones "muy graves" de la Ley de Pesca Marítima del Estado y abre expedientes sancionadores a 50 tripulantes por su enrolamiento en dichos barcos durante los últimos tiempos.
Agricultura acordó el inicio de este proceso sancionador de la primera 'Operación Sparrow', una vez finalizado el análisis y clasificación de los más de 3.000 documentos recompilados en la sede de varias empresas domiciliadas en Galicia, bajo autorización judicial.
De este modo, en el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador se imputaba la presunta explotación de cuatro buques incluidos en la lista de pesca ilegal de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (Ccrvma), así como el desarrollo de actividades mercantiles, comerciales, societarias y financieras relacionadas con su actividad.
En detalle, se trata de los barcos 'Kunlun', 'Songhua', 'Yongding' y 'Tiantai', varios de ellos presuntamente vinculados con empresas radicadas en la provincia de A Coruña, como Vidal Armadores.
EMPRESAS PANTALLA DOMICILIADAS EN TERCEROS PAÍSES
En este contexto, Agricultura imputa en relación a la primera operación 'Sparrow' a varias empresas por la presunta gestión directa de diversas empresas pantalla, domiciliadas en terceros países, encargadas o bien de la gestión, explotación y propiedad de los citados buques, o bien del ejercicio de actividades mercantiles, comerciales, societarias y financieras directamente relacionadas con la actividad de dichos barcos.
Asimismo, imputa a varios ciudadanos españoles la presunta realización de actividades comerciales y financieras directamente relacionadas con la actividad de los citados buques ilegales, como responsables de las mencionadas sociedades pantalla.
En total, el Ministerio imputa 19 infracciones muy graves, de carácter continuado, a la Ley de Pesca Marítima del Estado, que son sancionables de manera individual con multas de hasta 600.000 euros y penas de inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras.
El Reglamento comunitario de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, prohíbe expresamente dichas actividades a los nacionales de los Estados miembros, por lo que la responsabilidad recaería sobre las empresas o ciudadanos españoles que, presuntamente, las realizaban a través de diferentes sociedades interpuestas, domiciliadas en Belice, Panamá y Suiza.
