Alcaldes del BNG repudian en un manifiesto el "robo" de las preferentes y ofrecen colaborar en acciones reivindicativas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes del BNG, reunidos este miércoles en Santiago, han suscrito un manifiesto en el que ratifican su apoyo a los afectados por el problema de las participaciones preferentes y subordinadas, al tiempo que se han comprometido a promover, desde las instituciones en las que gobiernan, "todas aquellas medidas que pudiesen ayudar a que no se perpetúe este robo a los gallegos y gallegas".

Según recoge el documento, los regidores se "solidarizan" con todos los afectados por "el fraude y estafa" de las preferentes y subordinadas, rechazando "de forma muy particular" la decisión "impuesta por los gobiernos del PP" en relación a la quita del 43 por ciento de su valor, que consideran "una expropiación injusta y un robo a más de 62.000 familias".

Como país, continúa el manifiesto que nace de un encuentro en el que también estuvo el portavoz nacional del Bloque, Xavier Vence, "esto significa un drenaje de 600 millones de euros de ahorro gallego que va a engordar el sistema financiero español".

Del mismo modo, los alcaldes del BNG se ponen "al servicio" de la ciudadanía afectada por este problema para "colaborar en todas las acciones reivindicativas" que decida llevar a cabo. También se comprometen a promover, desde las instituciones en las que gobiernan, "todas las medidas" que puedan ayudar "a que no se perpetúe este robo".

REFORMA LOCAL

En el mismo manifiesto, de siete puntos, los nacionalistas denuncian el "retroceso democrático" que supone la propuesta de reforma de la administración local, en la que ven "una invasión de competencias" que busca "menguar la ya reducida posibilidad de decidir de Galicia, en un proceso de feroz uniformización".

"Observamos con temor como este anteproyecto pone en peligro la prestación de servicios sociales básicos para la ciudadanía, sobre todo en un contexto de crisis como el actual", recogen los regidores del BNG, muy críticos con la "ofensiva recentralizadora" que, a su entender, promueve el PP a través de esta normativa.

Igualmente, reclaman que no desaparezcan las funciones de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y que tampoco lo haga la posibilidad de que los consistorios locales realicen actividades complementarias de las competencias de otras administraciones, "vitales para garantizar una vida más digna" a los gallegos.