SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento gallego ha desistido en el impulso de una recomendación al Consello de Contas para fiscalizar a las administraciones en las que se detecten casos de corrupción, pese a que todos los grupos se habían mostrado favorablemente a que se adoptasen estas medidas. De hecho, ni PPdeG ni PSdeG presentaron resoluciones en este sentido, aunque los socialistas apoyaron las presentadas por el BNG y AGE.
El propio conselleiro maior de Contas, Luciano Fariña, se mostró "consciente" de la importancia del problema de la corrupción durante la presentación del plan de trabajo para 2013, y aseguró "tomar nota" de la petición oral que hicieron los grupos en su comparecencia, pese a las dificultades económicas.
En todo caso, a la hora de plasmar las recomendaciones que se hacen al Consello de Contas en nombre del Parlamento, el grupo que ostenta la mayoría y la principal formación de la oposición obviaron abordar los temas de la corrupción.
Mientras, una resolución de AGE fue rechazada por recomendación de los servicios jurídicos, si bien fue debatida otra --aunque no prosperó-- en la que se pedía incorporar en el ámbito de la fiscalización un apartado específico que atuviese a las corporaciones locales en las que hubiese cargos públicos imputados.
El BNG, por su parte, incorporó una resolución en la que pedía "elaborar un informe especial sobre la corrupción en el ámbito de las administraciones públicas" y, en especial, en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, afectado por las operaciones Pokémon y Manga.
LO INVESTIGA LA JUSTICIA
La justificación dada por la diputada popular Herminia Pouso para no respaldar estas iniciativas fue que la corrupción son temas que están bajo la investigación de la justicia, y por lo tanto, el Consello de Contas no debería "interferir".
Además, ha juzgado que la recomendación del BNG era "partidista" por especificar la situación del Ayuntamiento de Santiago y no otros que también están afectados por casos de este tipo. En todo caso, ha destacado que su formación "está más preocupada" que nadie en que "actúe" la Justicia.
Sin embargo, el pasado mes de febrero, la misma parlamentaria se mostró "de acuerdo" en la fiscalización de "todas las administraciones en que se puedan detectar casos de corrupción", sobre todo, en un contexto de crisis económica. Con todo, también indicó que si los miembros del Consello de Contas "detectasen situaciones anómalas", tendrían "que dar traslado al organismo jurisdiccional correspondiente".
Por su parte, el socialista Juan Carlos González Santín no se pronunció en la comisión de este viernes acerca de la necesidad de investigar los casos de corrupción ni se paró en concreto en las resoluciones presentadas por los otros dos grupos del a oposición, aunque sí expresó su apoyo a la hora de votar.
No obstante, en la sesión en la que compareció Fariña en febrero, el diputado socialista llegó a aludir la situación concreta de "algunos ayuntamientos", como el de Santiago de Compostela, y argumentó que la "preocupación social" que genera la corrupción justifica "tomar en consideración la fiscalización" de municipios que se encuentren en estas circunstancias.
"CORRUPCIONES LEGALES"
Ya en el debate de este viernes en la Comisión para las relaciones con el Consello de Contas, el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, explicó que, "por corrupción", su grupo entiende el uso de dinero público para "fines particulares, financiación irregular de partidos, enriquecimiento personal o favorecimiento de empresas o personas".
"Al margen de la corrupción ilegal, el sistema contiene numerosos casos, si me permiten la caricatura, de corrupción legal, es decir favorecimiento injusto de determinados intereses corporativos", ha manifestado Jorquera, quien puso de manifiesto que la "mayor parte de las veces" es fruto de "corruptores privados".
El diputado del BNG ha convenido que el Consello no tiene potestad jurisdiccional, pero ha estimado que "no es un sordo contable", y ha argumentado que, dado que también tiene que velar por la eficacia de los recursos públicos, ésta pasa también por emplear este dinero de forma "acorde".
Frente a esta exposición, la parlamentaria del PPdeG le ha recriminado que hiciese un "mitin político" y le ha advertido de que "la corrupción nunca puede ser legal". Sin embargo, Jorquera le ha replicado que, a juicio del BNG, también es "corrupción" la conocida como "puerta giratoria" entre la política y la empresa privada, "por mucho que se ajuste a la legalidad".
"URGEN MEDIDAS"
Por su parte, desde AGE, Ramón Vázquez ha defendido que su grupo estima "prioritaria" una auditoría en los casos en que existen cargos imputados, tanto de las áreas que dirigen esos responsables como en los aspectos significativos de las cuentas.
"Urgen medidas en este campo, y medidas que analicen el funcionamiento económico de las instituciones afectadas", ha manifestado en la comisión, en la que citó la situación de ayuntamientos como Santiago y Lugo, pero que también afecta a otros municipios gallegos.