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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno gallego remitirá al Parlamento de inmediato el anteproyecto de la futura Ley de Inclusión Social que, entre otras novedades, incluye la modificación de la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) que, "por primera vez", será compatible con los ingresos obtenidos de trabajos esporádicos o de baja remuneración.
Lo ha anunciado el presidente Alberto Núñez Feijóo en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que ha analizado un texto legislativo ya abordado en la pasada legislatura y con el que su Ejecutivo confía en evitar la exclusión "crónica", al facilitar al perceptor que pueda mantener la prestación con un trabajo y combatir la economía sumergida.
Feijóo ha destacado, además, que "se refuerzan las sinergias" entre los servicios sociales y las oficinas de empleo, que tendrán "un papel decisivo" y deberán preocuparse porque los beneficiarios de esta ayuda puedan acceder a un puesto de trabajo. Del mismo modo, ha hecho hincapié en que aquellos que cumplan un itinerario de inserción tendrán garantizada "una cuantía a mayores" en sus ingresos de la Risga.
Conforme a los principios de la nueva ley, que actualiza una norma de 1991 y que iniciará ahora su trámite parlamentario, las oficinas de empleo y el personal de orientación e intermediación tendrán un papel más relevante a la hora de atender a los usuarios. Sus profesionales harán una diagnosis de empleabilidad, acción que tendrá continuidad con el seguimiento a través de acciones de orientación.
La ley, ha incidido Núñez Feijóo, contempla a los usuarios no como "meros perceptores" de un subsidio, sino como sujetos capaces de superar estas situaciones, a los que hay que "motivar, incentivar y apoyar" para que lo hagan. En cuanto a la nueva Risga, quedará dividida en tres tramos para adaptarse a cada caso: el personal y familiar; el de inserción; y el de transición al empleo.
DISTINTOS TRAMOS
El tramo personal y familiar garantizará una cuantía mínima destinada a la cobertura de las necesidades básicas de sus perceptores, que deberán cumplir un acuerdo de integración socioeducativa de los menores convivientes, cuando los servicios sociales comunitarios lo vean necesario para garantizar su bienestar y derechos sociales.
Esta cuantía es anual y prorrogable. Además, por primera vez se incluye "de forma explícita" el compromiso de una intervención concreta con menores.
El tramo de inserción se centrará en la vocación integradora y sus beneficiarios deberán cumplir un itinerario orientado a la inserción laboral, en el que se incluyen también acciones formativas. Este tramo tendrá una duración de 18 meses.
Por último, los beneficiarios del tramo de transición al empleo percibirán durante sus primeros seis meses de trabajo una cuantía que se irá reduciendo gradualmente hasta extinguirse.
REDUCCIÓN DE PLAZOS
Además de reducir los plazos de tramitación, la nueva normativa modifica también las ayudas de emergencia social (AES), que ahora pasan a denominarse ayudas de inclusión social (AIS) y que pasarán a financiar nuevos aspectos. Así, además de sufragar situaciones de grave emergencia, financiarán también actuaciones de acompañamiento o reforzarán medidas de apoyo de los diferentes tramos de la Risga.
En el texto también se fomentan las empresas de inserción y su reconocimiento, así como la adopción de otras medidas de inclusión social, como las acciones de discriminación positiva den las políticas activas de empleo.