(Amp.) Varela avala la "íntegra" legalidad de la ayuda para contratar a la agente electoral pero abre una investigación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, avaló hoy la "legalidad íntegra" de la subvención que este departamento otorgó a la asociación ourensana 'Viticultores de O Castro' para contratar a la supuesta agente electoral del PSdeG, pero anunció que la Dirección Xeral de Promoción de Emprego "tiene abierto" un procedimiento de información sobre este asunto para averiguar si hubo "algún desvío" en las condiciones estipuladas en la orden que rige las ayudas.

Así lo expresó el también secretario de Organización del PSdeG durante su comparecencia en la comisión de investigación abierta en el Parlamento, en la que atribuyó este caso a la "suciedad mental" del Partido Popular que, a su juicio, mantiene interiorizado "un chip de funcionamiento" de la Administración pública y piensa "que se prolongó en el tiempo". "Pero esto terminó hace tres años", apostilló.

En esta línea, tras subrayar que la Consellería de Traballo fue "absolutamente escrupulosa" en este asunto, cerró su intervención aludiendo a supuestas irregularidades del anterior Gobierno popular. A modo de ejemplo, expuso que la anterior Xunta concedió una subvención a la Fundación 'Fesan' para contratar a ocho trabajadores, que según sus datos, también trabajaban en el gabinete político de la anterior Consellería de Asuntos Sociales.

También aludió a la concesión de ayudas a una sociedad interpuesta en Buenos Aires que, según su versión, se dedicaba a reunirse con diversas entidades y subrayó, entre otras, la Junta Directiva del PP en la capital argentina.

"ABSOLUTA TRANSPARENCIA".

A diferencia de lo que ocurría, a su entender, en el anterior Gobierno popular, el procedimiento para conceder ayudas está "reglado" en la actualidad, sometido a un "mayor control" y goza de "absoluta transparencia", por lo que criticó las "presunciones malintencionadas" de los populares.

Previamente, Ricardo Varela defendió la actuación de su consellería en el caso de la supuesta agente electoral socialista. De este modo, relató que María Isabel Blanco cumplía cuatro de los requisitos preferentes para otorgar estas ayudas destinadas a la contratación de parados y de víctimas de la violencia de género, puesto que era mujer, desempleada de larga duración, mayor de 45 años y había percibido la Renta de Integración Social (RISGA).

También destacó que todo el procedimiento estuvo vigilado por un interventor y que la resolución de las ayudas la decidió una comisión de valoración "compuesta por funcionarios". Según justificó, estas subvenciones son "finalistas", por lo que Traballo se limitó a comprobar que con los fondos de la consellería se había contratado a una persona.

DATO NO SUSTANCIAL.

Frente a eso, puntualizó que otros aspectos, como la regulación de las vacaciones o de las funciones de la trabajadora, atañen exclusivamente a la relación entre la empresa y la contratada. En este sentido, recalcó que María Isabel Blanco no presentó ninguna denuncia ni reclamación por su situación laboral.

Para Varela, "no es sustancial" que María Isabel Blanco estuviese contratada por una entidad radicada en Ourense pero trabajando para el sindicato Unións Agrarias en Vimianzo (A Coruña). A su juicio, este hecho "no es excepcional aunque no es habitual".

A modo de ejemplo, aludió a las subvenciones de este tipo otorgadas a la Diputación de Ourense que, según sus datos, se utilizaron para efectuar contrataciones en los ayuntamientos de Xinzo de Limia, Vilamarín o Barbadás. También se refirió a la concesión de ayudas a la sede central de la Federación Galega de Comercio, que luego, matizó, realizan los contratos en sus delegaciones territoriales.

NO HAY CASO.

El conselleiro de Traballo explicó que, con las mismas condiciones que regularon la concesión de la ayuda a la contratación de la supuesta agente electoral, se contratan a unas 6.500 personas cada año y que se regula "exactamente igual" a las 710 entidades que se benefician de esta orden de subvenciones.

Varela, que renunció a utilizar su primer turno de intervención para ponerse a "plena disposición" de los grupos, concluyó que "no hay caso" porque "no hay incumplimiento" de las condiciones que regulan esta orden de subvenciones.

Pese a que anunció una investigación para esclarecer el asunto, el conselleiro de Traballo no aclaró si se pedirá a 'Viticultores de O Castro' la devolución de la subvención en el caso de que se demuestre que hubo irregularidades, tal y como solicitó el portavoz del BNG en el Parlamento, Carlos Aymerich.

FONDOS EUROPEOS.

Aunque el diputado nacionalista consideró "intachable" el procedimiento utilizado para otorgar la ayuda a la entidad ourensana, abogó por "investigar y adoptar las consecuencias legales correspondientes" ya que "como mínimo" hubo "un incumplimiento del objetivo" por el que se concedió la subvención.

Además, subrayó que el dinero presupuestado para esta orden de ayudas procede de fondos europeos, por lo que aludió a una "eventual responsabilidad" de la Administración gallega si la Unión Europea demuestra que éstos fueron utilizados irregularmente.

En la misma línea se pronunció el portavoz del PP en la comisión, Antonio Rodríguez Miranda, quien opinó que el caso de la agente electoral pone "en riesgo" los fondos europeos. "Pero un puñado de votos bien merece ese riesgo", apostilló, e insistió en que Ricardo Varela no puede "quitarse el traje" de Secretario de Organización según le conviene.

DEJADEZ DE FUNCIONES O LEGALIDAD.

El diputado popular preguntó a Varela qué decisiones va a tomar ahora que su departamento ahora que conoce "el mal uso" de la subvención y aludió a la "dejadez de funciones" del conselleiro por ser "desconocedor" de este asunto.

Por su parte, el diputado socialista Xaquín Fernández Leiceaga consideró que la trama denunciada por el PP es "un montaje" y consideró acreditado que la subvención otorgada por Traballo es "legal". También restó importancia al caso al asegurar que el billete de la supuesta agente electoral no supuso ningún desembolso por parte del Gobierno gallego.