(Ampl.) CdC.- Cultura estima que no seguir las obras era "tirar al retrete" unos 200 millones a mayores de lo adjudicado

Actualizado 09/11/2007 17:51:14 CET

Un ex alto cargo del bipartito opina que la Xunta del PP no dijo que el coste superaría los 108 millones para no alarmar a los gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actual secretario xeral de la Consellería de Cultura y secretario del Padroado de la Fundación da Cidade da Cultura (CdC), Carlos Alberto Amoedo Souto, afirmó hoy que a la llegada a la Xunta del bipartito se analizó que no continuar con la construcción del complejo significaría "tirar al retrete" unos 200 millones a mayores de los 284,5 que dejó adjudicados el anterior gobierno en 2005.

En su intervención ante la Comisión de Investigación sobre la totalidad de actuaciones referidas a la Cidade da Cultura, el número dos de la Consellería de Cultura apuntó que el bipartito se encontró con una situación "irreversible" y dijo que el anterior conselleiro Jesús Pérez Varela "dejó todo atado y bien atado", con la excepción de las licencias de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

El actual secretario xeral de Cultura apuntó que, en lo referente al proyecto en construcción en el Monte Gaiás de Santiago, los nuevos responsables de la consellería se encontraron "una pesada carga" y que al tener que afrontar la gestión de esta herencia se identificaron las "deficiencias" que, con posterioridad, se pudo comprobar aparecieron recogidas en el informe del Consello de Contas.

Argumentó que, al asumir que había que seguir las obras y "mirar hacia adelante", se tomaron decisiones bajo el principio de "transparencia" y con la idea de buscar el "máximo consenso". Entre ellas, citó la suspensión temporal por 14 meses de las obras en dos edificios para "redefinir contenidos" y añadió que se afrontaron medidas en la Fundación da Cidade da Cultura para resolver "tensiones" heredadas y se mejoraron los procedimientos de control bajo la legislación vigente, entre ellas, la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas.

A preguntas de los grupos, el alto cargo de Cultura reconoció que al llegar al gobierno se estudiaron dos alternativas respecto a la CdC. Una de ellas era "parar totalmente" las obras y afrontar el "derribo de todo lo construido", rescindir contratos adjudicados, revertir los terrenos a los propietarios y afrontar un plan de restauración ambiental del Monte Gaiás.

Así, señaló que esto supondría "costes desmedidos", que cuantificó "sin hilar fino, en 200 millones de euros o más" y definió como "un gasto público absolutamente improductivo". "Era tirar con el dinero público por el retrete", aseveró.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN

El secretario xeral de Cultura expresó que la segunda alternativa era continuar con las obras como estaban o haciendo una redefinición de edificios, en concreto, de los conocidos como Teatro da Música y Edificio de Novas Tecnoloxías. Así, aludió al proceso de participación abierto por la consellería --encargado previo concurso a la empresa Cidadanía-- como un procedimiento "modélico".

También señaló el "enfoque nuevo" dado al complejo como la primera iniciativa para "tratar de paliar la primera deficiencia y pecado capital", que concretó en la definición hecha anteriormente "de espaldas a la ciudadanía gallega y al tejido cultural".

Amoedo ratificó hoy las cifras avanzadas por el actual gerente de la Fundación da Cidade da Cultura, Francisco Carracedo, respecto a que en la actualidad los compromisos atribuidos a la gestión de la anterior Xunta ascienden a 357,6 millones, mientras que los que son responsabilidad del bipartito suponen 6,27 millones.

MÁQUINAS TRITURADORAS

El debate entre el compareciente y el diputado del PP Ignacio López Cháves giró en torno a cuestiones como que la actual Consellería de Cultura no atiende la solicitud de información demandada desde la oposición y a la fecha en que se hizo efectivo el acuerdo para la suspensión de las obras de los dos últimos edificios del complejo sacados a licitación por el anterior ejecutivo porque "no aparece" en ninguna acta del Padroado da Cidade da Cultura.

Al respecto, Amoedo atribuyó "prácticas filibusteras" al partido de la oposición por formular un elevado volumen de petición de información y aseguró que de las 1.054 iniciativas dirigidas a Cultura, se tramitaron ya un total de 878 y 864 "fueron respuestas al PP".

Frente a esto, acusó a los anteriores altos cargos de Cultura de "destruir documentación" en máquinas trituradoras de documentos "adquiridas masivamente en junio de 2005". Cuestión a la que replicó el portavoz del PPdeG responsabilizando al actual secretario xeral de "complicidad" por denunciar este asunto ahora, "dos años y medio después" de haberlo detectado.

SUSPENSIÓN POR 14 MESES

En cuanto cuándo se estableció el acuerdo sobre la suspensión temporal por 14 meses de los dos últimos edificios, Amoedo detalló que esta medida no se podía adoptar sin previo acuerdo con las empresas --que se formalizó el 31 de enero de 2006-- y dijo que esta decisión era "una potestad" de la presidenta del Padroado y conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, de la que se dio cuenta al citado organismo en la reunión del 6 de octubre de 2005.

Este asunto fue también abordado con anterioridad, a pregunta del PP, por el anterior compareciente Juan Hernández López, secretario xeral e do Patrimonio da Consellería de Economía e Facenda del bipartito entre el 12 de agosto de 2005 y el 14 de septiembre de 2006. Al respecto, el ex alto cargo y funcionario de carrera afirmó que de la lectura de las actas de las dos reuniones del Patronato en 2005 "se desprende" que había "una decisión política" al respecto y advirtió de que él "no habría participado" en la negociación con las empresas, como así hizo, si "no estuviese autorizado para ello".

Hernández López aseguró no conocer en el momento de la adjudicación a Cidadanía de la asistencia y consultoría para el proceso de participación del tejido cultural y social en la redefinición de usos que algunos socios de esta empresa tenían vínculos o eran militantes del BNG. Puntualizó que de haber sido así lo habría reflejado.

PEGAS AL INICIO DEL PROYECTO

Desde su experiencia profesional en el ámbito jurídico el ex alto cargo apuntó que "no es normal" afrontar una obra del tipo del complejo del Gaiás sin contar con un proyecto definido, ya que esto "incide" en el coste; defendió que hay que fijar "límites" a las obras de autor; añadió que "no es práctica habitual" adjudicar obras del importe de los dos últimos edificios por un gobierno en funciones y consideró "incomprensible" el "error de calculo" que situaba la construcción del complejo en 108 millones.

Sobre esta cuestión, el ex alto cargo de Economía con el bipartito opinó que "quizás no fue tal error", sino que hubo la "pretensión" por parte del anterior Gobierno gallego de no presentar el coste real de las obras para que "se generase menor alarma" entre los ciudadanos. Añadió que cualquier experto debería certificar que "no era posible" ejecutar una obra como la CdC con 108 millones de euros.

Respecto a las objeciones que el PP pone a determinados detalles de tramitación en la actual gestión del complejo por el bipartito, Hernández López aseguró que se está aplicado la Ley de Contratación de Administraciones Públicas y defendió las actuales tramitaciones, aunque reconoció que puede haber "vicios", que consideró que "no son invalidantes".

Por otra parte, frente a la insistencia del portavoz del PP sobre que la actual Xunta "no sabe cuánto se va a pagar por la Cidade da Cultura", el ex alto cargo de Economía confirmó que no puede saberse ahora pero que "será perfectamente determinable en su momento, en función de los proyectos de ejecución". Los portavoces por el BNG, Carlos Aymerich, y el PSdeG, Francisco Cerviño, resaltaron las respuestas de los dos comparecientes y criticaron la estrategia del PP de intentar extender al bipartito las "sospechas" que afectan a su gestión.