OURENSE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
"Yo estoy aquí sentada porque era imprescindible para echarme del gobierno municipal". Con esta afirmación concluyó la socialista Áurea Soto su alegato en el juicio contra ella --que finalizó este miércoles-- por un supuesto delito de prevaricación durante su etapa como concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense.
Junto con ella, se sentó en el banquillo de los acusados el abogado coruñés Carlos Hernández, al que contrató como asesor externo para defender la inejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obligaba a demoler las viviendas y el aparcamiento subterráneo construido en la plaza de San Antonio.
Para ambos pide la Fiscalía diez años de inhabilitación por prevaricación --en el caso del letrado, como cooperador necesario para cometer ese delito--, mientras su defensa sostiene que se trata de "un juicio político" motivado por intereses "espurios" y solicita la libre absolución.
En este sentido, denunciaron que el objetivo de este juicio era "desactivar" a Soto de la política local, toda vez que el código ético de su partido le obliga a dejar su militancia antes de sentarse en el banquillo de los acusados.
Al hilo de ello, la abogada de la exedila opinó que la causa ya debió ser archivada "en el momento de la instrucción", criticando así el pronunciamiento del titular del juzgado de instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, para quien Áurea Soto defendió "a capa y espada" el carácter privado del subsuelo "a pesar de existir una sentencia firme que ponía de manifiesto la titularidad pública del mismo" para legalizar esas obras.
INFRINGIERON LA LEY "A SABIENDAS"
La representación del acusación popular, ejercida por la hija del empresario Bautista Rodríguez Díaz, incidió que Áurea Soto y Carlos Hernández infringieron la normativa "a sabiendas" y se valieron de una "actitud prevaricadora" para solventar lo que sabían que constituía una ilegalidad.
En este sentido, el abogado Antonio Feijóo Miranda hizo hincapié en que una sentencia del TSXG en 2004 ya establecía que el suelo donde se construyó el aparcamiento de la citada plaza era "suelo público" y, por tanto, sólo podría ser gestionado directamente por el ayuntamiento o a través de una concesión, pero no de forma privada.
Por ello, a la vista de que Áurea Soto "ha pasado olímpicamente" de los pronunciamientos judiciales para lograr legalizar el conjunto de la plaza, se reafirmó en su petición de 21 años de inhabilitación para el desempeño de cargo o función pública.
