BNG urge abrir los centros "cerrados" para atender a todos los reconocidos y recibir en julio más recursos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) urgió hoy abrir las residencias de mayores y los centros de día que "el bipartito dejó construidos pero que permanecen cerrados" con el objetivo de que Galicia puedan atender a todos los dependientes que tienen reconocida una prestación y pueda recibir los fondos precisos para cubrir estos servicios, para lo que se tendrá en cuenta las estadísticas de personas asistidas con fecha a 1 de julio.

En esta línea se mostraron los diputados en el Congreso y Parlamento gallego, Olaia Fernández Davila y Carlos Aymerich, respectivamente, en una rueda de prensa en la que denunciaron la situación de "discriminación" que vive Galicia en la financiación para la dependencia y reprobaron el acuerdo cerrado el martes pasado en el Consejo Interterritorial de Dependencia.

Concretamente, se acordó un cambio de criterio en la repartición del fondo correspondiente al nivel acordado entre las distintas Comunidades Autónomas, que a partir de ahora se calculará en base al cumplimiento de la Ley y el número de personas efectivamente atendidas, y que --según los cálculos de la Xunta-- supondrá una rebaja de 3 millones de euros en la cantidad percibida por Galicia para desarrollar la Ley de Dependencia.

Así las cosas, los nacionalistas denunciarán en los parlamentos español y gallego este criterio acordado, de manera que la diputada del Bloque Olaia Fernández Davila interrogará a la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, por este acuerdo y por olvidar el criterio de la dispersión territorial para el reparto de los fondos, algo que se recogió en una proposición no de ley aprobada en las Cortes Generales --auspiciada por el Bloque-- y que contó con el visto bueno del PSOE.

"La tarde en que debatimos la proposición todos los grupos, incluidos el PSOE, llegamos a un acuerdo", evocó Davila, quien apostilló que, además, también hubo negociaciones con el ministerio en este sentido lo que, indicó, debería significar que "había buena voluntad" del Gobierno central para aplicar este criterio. Sin embargo, reprochó la "clara discriminación" que padece Galicia en la recepción de recursos.

CRÍTICAS A LA XUNTA

Por su parte, el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, concluyó que en Galicia llueve sobre mojado", puesto que el PSOE en Madrid y el PP en la Xunta rematan con una "financiación mala" para Galicia. Así, recordó que la comunidad salió perjudicada en el reparto de fondos adicionales de la financiación autonómica, que la Xunta "dio por bueno" al firmarlo y reprochó que ahora el Gobierno de Feijóo se "sume al coro de los gobiernos del PP para pedir una moratoria en la aplicación" de la Ley de Dependencia.

El dirigente nacionalista recordó que 2010 deben estar atendidos todos los dependientes graves y severos y avisó de que los últimos datos publicados por la Consellería de Traballo e Benestar datan del 27 de noviembre de 2009, algo que ilustró con la propia página web del departamento autonómico.

En este sentido, alertó de que las cifras que aparecen, y que pidió "actualizar", reflejan los dependientes que pidieron una prestación y la tienen reconocida, pero no los que reciben el servicio otorgado. De esta manera, no se corresponde con los números por los que Galicia percibirá los fondos procedentes del Estado, debido al cambio de criterio aprobado el martes.

Así, Aymerich dispensó una "receta urgente" a la consellería que dirige Beatriz Mato y que consiste en "abrir las residencias cerradas de Vimianzo, Viveiro, Monforte y Ourense", que "de una tacada" le permitirían atender 800 personas. También propuso abrir los centros de día "cerrados" desde hace 14 meses.

Carlos Aymerich anunció que el BNG registró una interpelación en la Cámara autonómica por la que preguntarán al Gobierno autonómico por su "dejadez" y acción "ineficaz" ante la financiación de la dependencia, también por su gestión en este ámbito o si se está cumpliendo el decreto por el que se reducen los trámites de 12 a seis meses.