SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, expresó hoy "su voluntad de dar un margen de confianza" a la actual Xunta en la gestión de la Cidade da Cultura, pero condicionó su respaldo a que el dictamen de la comisión de investigación sea consensuado por los tres grupos y no haga referencia a irregularidades durante los gobiernos del PP.
Preguntado por los periodistas tras el Comité de Dirección 'popular', Feijóo argumentó que en el informe del Consello de Contas que dio pie a la constitución de este órgano parlamentario "en ningún momento se habla de irregularidades", aunque sí de abdicación de sus responsabilidades para asegurar la calidad material y arquitectónica de las obras.
Así, ofreció "un voto de confianza" a Touriño, que ayer defendió el proyecto del Monte Gaiás como una "oportunidad histórica" que será "rentable y útil" para la comunidad. De este modo, aunque "sorprendido" por este discurso, se mostró partidario de retomar el consenso para "agudizar los contenidos" de los seis edificios en construcción.
"Veremos si habla de buena fe en la redacción del dictamen", avisó, en alusión a la petición de consenso del presidente, que relacionó con los informes que el Consello de Contas vaya a hacer en el futuro sobre la actuación del bipartito. "A mí me gustaría que el Consello no fuera más lejos --que en su reprobación a la gestión del PP-- cuando analice al actual gobierno; a lo mejor por eso llama ahora al consenso", sugirió.
COMPROMISO ELECTORAL.
Además, criticó la "irresponsabilidad" del mandatario y su "falta de respeto a los gallegos" por "decir una cosa y su contraria en apenas semanas". "Del mausoleo y la megalomanía pasó a la oportunidad histórica, y sin cambiar nada; del despilfarro a un proyecto rentable y útil", le reprochó.
El presidente de los 'populares' también exigió al PSOE que incluya en su programa electoral el compromiso de que el Gobierno central cofinancie las obras. Recordó que el PP ya lo ha asumido a propuesta suya y se refirió a los casos del Fórum de las Culturas de Barcelona, en el que el Ejecutivo central invirtió más de 400 millones, y del puerto deportivo de Valencia.