Los cinco nuevos juzgados de Galicia podrán estar en marcha "en el segundo trimestre" de este año

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, José Luis Méndez Romeu, confirmó hoy que el plan de trabajo que baraja es que las cinco nuevas unidades judiciales con las que contará la comunidad gallega en Ferrol, Vigo, Santiago de Compostela, Carballo y Ponteareas entren en funcionamiento "en el segundo trimestre" de este año.

Tras acudir en Madrid a la reunión del pleno de la Comisión Sectorial de Justicia, Méndez Romeu subrayó que Vigo será la primera ciudad gallega en establecer un juzgado de violencia de género, ya que la creación de esta nueva infraestructura judicial en la ciudad está "sustentada desgraciadamente en unos datos muy claros y contundentes" sobre la realidad de este tipo de delitos.

Asimismo, Vigo podrá contar con un Juzgado de lo Mercantil pese a no ser capital de provincia, gracias a la modificación, ratificada hoy en la reunión de la Comisión Sectorial de Justicia, de la planta judicial de los Registros Mercantiles de Galicia.

El conselleiro de Presidencia destacó "el talante, el estilo y el nivel con el que se desarrollaron los trabajos de la Conferencia Sectorial de Justicia". Además, valoró que el ministerio esté cumpliendo su objetivo de crear un millar de nuevas unidades judiciales para esta legislatura, puesto "todo hace preveer que se alcanzará esa cifra", indicó.

Además del juzgado especializado en casos de violencia contra la mujer que se implantará en Vigo, las nuevas unidades judiciales que se crearán en Galicia en 2006 supondrán que Ferrol contará este año con un nuevo juzgado mixto; Santiago de Compostela tendrá su segundo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo; y Carballo y Ponteareas se beneficiarán de las otras dos unidades judiciales.

NUEVOS JUZGADOS

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció, tras la quinta Conferencia Sectorial de Justicia, que el Gobierno destinará 5 millones de euros a programas y actuaciones en las Comunidades Autónomas para mejorar el sistema judicial. Asimismo, el ministro adelantó que se crearán 93 unidades judiciales, de las cuales 69 lo son para aquellas comunidades con competencias transferidas.

En concreto, la partida presupuestaria se empleará, entre otras cuestiones, para modernizar la Oficina Judicial, implantar sistemas de comunicación comunes para todas las administraciones, eliminar barreras arquitectónicas y desarrollar campañas de prevención y divulgación en materias relacionadas con la violencia doméstica. Según el ministro, esta medida pretende "una acción coordinada de las Comunidades y la Administración del Estado", que aspira que "éstas acerquen más la Justicia al ciudadano".

López Aguilar anunció, por otro lado, la creación de 93 unidades judiciales en 2006, de las cuales 69 lo son para las Comunidades que tienen competencias transferidas y, a su vez, un total de 13 serán juzgados de violencia sobre la mujer. Así, Madrid encabeza el reparto con la implantación de 16 nuevas unidades judiciales; el País Vasco tendrá 3; Andalucía 14; Canarias 6; Navarra 2; Galicia 5, mientras que la Comunidad Valenciana y Cataluña tendrán 10 y 13, respectivamente.

COMARCALIZACIÓN DE JUZGADOS

Asimismo, el ministro acordó con los ocho consejeros de Justicia que acudieron esta mañana a la conferencia sectorial acometer la comarcalización de los juzgados con jurisdicción exclusiva en violencia de género. Según explicó, se pretende integrar las capacidades de los juzgados con esta competencia con los que la comparten con otra materia de orden civil o penal.

En su opinión, la comarcalización de los juzgados aspira a mejorar la respuesta de proteger a la mujer contra toda forma de violencia de género. Para ello, López Aguilar adelantó que se ha incrementado el presupuesto designado a la asistencia jurídica, social y psicosocial para atender a las mujeres que sufren este tipo de violencia.

Respecto a la modificación de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, el titular de Justicia apuntó que se comprometió a modificar la demarcación judicial de las provincias de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, Toledo, Castellón, Valencia, Barcelona, Pontevedra y Madrid.

QUEJAS DE MADRID Y LA COMUNIDAD VALENCIANA

El consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada Presa, calificó de "decisión unilateral" la política de creación de juzgados del Gobierno. Desde su punto de vista, las comunidades autónomas han cumplido "la mayoría de edad" para participar con el Ministerio de Justicia en la decisiones que tengan que ver con el número de nuevos juzgados, el lugar en el que se establecerán o la jurisdicción a la que pertenecerán.

Para Prada, es una "situación insostenible" el que a la Comunidad de Madrid se le hayan autorizado 16 nuevos juzgados de los 76 que había solicitado. Según el consejero, no es posible priorizar unos juzgados sobre otros puesto que para Madrid "los 76 son prioritarios".

En concreto, Prada citó la negativa del ministro a crear un Juzgado de lo Social en Alcalá de Henares para la que, bajo su punto de vista, "no hay criterios técnicos" que justifiquen tal decisión. Pese a ello, mostró su "satisfacción" ante la concesión de un nuevo juzgado en Boadilla del Monte, que se espera "esté en funcionamiento a finales de este año".

El consejero de Justicia y Administración Pública de la Comunidad Valenciana, Carlos González Cepeda, también consideró "insuficientes" las 10 unidades judiciales que recibirá la comunidad, puesto que su petición se elevaba a 16, además de un juzgado para los casos de violencia de género. Además, solicitó al ministerio que dichos juzgados "se pongan en funcionamiento cuanto antes", ya que en el 2005 "la gran mayoría de los nuevos juzgados se pusieron en marcha a finales de diciembre", indicó.

En la reunión, el consejero valenciano declaró la necesidad de abrir un nuevo debate en materia de la financiación de la Administración de Justicia y recordó que Valencia recibe 60.000 euros frente a los 160 millones que recoge en concepto de tasas. Cepeda reivindicó que se derive una mayor parte de las tasas judiciales que se devengan en cada Comunidad Autónoma, que "permita financiar mejor la administración de justicia".

Además, pidió al Ministerio que sea "sensible" a las solicitudes de las comunidades autónomas en cuanto a la creación de nuevos órganos judiciales, "porque somos los que mejor conocemos el territorio y en qué sitio tenemos que crear los distintos órganos para atender mejor el servicio de justicia al conjunto de los ciudadanos".

También el viceconsejero de Justicia del Gobierno Vasco, Josu Sagasti, reivindicó una mayor participación de las comunidades autónomas en las decisiones relativas a los nuevos juzgados, "máxime cuando no existen argumentos en contra que posibiliten esa coparticipación", indicó. "Cuando se nos discute cuál va ser el número de juzgados no podemos estar en mayor disconformidad al respecto, cuando somos nosotros los que conocemos las necesidades de nuestro territorio".

ANDALUCÍA

Por su parte, la consejera de Justicia y Administración Pública de la Comunidad de Andalucía, María José López, se mostró "plenamente satisfecha" con los resultados obtenidos para la comunidad, a pesar de que de los 20 juzgados solicitados, el ministerio haya concedido 14. Según la consejera, un "número suficiente y razonable" si se tiene en cuenta la necesaria "solidaridad" con el resto de autonomías.

La consejera destacó que Andalucía sea la comunidad que mayor retribución ha obtenido para la financiación de proyectos, 1.178.000 euros, y declaró que su comunidad ha cumplido el objetivo "de seguir creciendo en órganos judiciales".