Las cofradías critican como "irreal" que la CE fije 2024 para eliminar la pesca de fondo en 20% de aguas

Archivo - Barcos en el Puerto de Viveiro, a 3 de octubre de 2022, en Viveiro, Lugo, Galicia (España). El Gobierno sopesa recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión de Bruselas de vetar la pesca de fondo en zonas marinas p
Archivo - Barcos en el Puerto de Viveiro, a 3 de octubre de 2022, en Viveiro, Lugo, Galicia (España). El Gobierno sopesa recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión de Bruselas de vetar la pesca de fondo en zonas marinas p - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

   "No se puede tomar a un año vista decisiones de esa índole", lamenta Basilio Otero

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Federación Nacional de las Cofradías de Pescadores y patrón mayor de Burela (Lugo), Basilio Otero, critica como "irreal" la intención de la Comisión Europea de eliminar en marzo de 2024 la pesca de fondo en el 20% de las aguas de cada Estado miembro. "No se puede tomar a un año vista decisiones de esa índole" y "sin tener en cuenta la opinión de los pescadores", se queja.

   En declaraciones a Europa Press tras participar en un encuentro este martes con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, Otero ha explicado que le ha trasladado al representante de la UE que echa "en falta, como siempre, que se tenga en cuenta la opinión de los pescadores".

   "No solamente se acaban los recursos pesqueros, también los humanos", avisa, ya que "las decisiones que está tomando la administración europea es para la reducción de flota, de esfuerzo pesquero". Sin embargo, "va paralelamente un incremento de las importaciones, que curiosamente no cuidan lo que ellos pretenden cuidar: medio ambiente, sostenibilidad y aspectos sociales que en Europa están arraigados". "Antes de comprar producto en China o en Rusia, debemos cuidar a los pescadores y a la gente que trabaja para poner pescado encima de la mesa", opina.

   Así, "igual que hacen consultas con otras acciones que abren a la sociedad civil", la Comisión Europea "debería abrir esto a los pescadores".

   Pese a ello, el representante de las cofradías lamenta que el comisario de Medio Ambiente "sigue con su hoja de ruta". Así, el sector pesquero le ha contestado que ellos son "los primeros interesados en la sostenibilidad": "Porque de eso depende nuestras familias". "Tenemos necesidad de tener un medio ambiente sostenible", deja claro Otero, pero "sin perder puestos de trabajo, que es algo que no está cuidando la UE".

   "Tenemos que hacer mucha labor europea para explicarle a la gente cómo se trabaja", incide. "En España después de cinco reuniones conseguimos que alguien entendiera cómo funciona el tema del relevo generacional", pone de ejemplo. "Si eso nos costó en España cinco reuniones, imagino que en Europa nos costará cinco, 10 o 15; estamos dispuestos a llevar a cabo las que haga falta", agrega.

ELIMINACIÓN EN ZONAS PROTEGIDAS

   La Comisión Europea ha presentado este martes su hoja de ruta para eliminar gradualmente la pesca de arrastre de todas las zonas marinas protegidas de la Unión Europea (UE) para 2030, un objetivo que requiere, como paso intermedio, que los Estados miembro detallen las zonas en las que este método pueda dejar de usarse con medidas concretas para la gestión de al menos un 20% de sus zonas marinas, que deberán estar definidas para marzo de 2024.

   Así lo ha confirmado en rueda de prensa el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, quien ha explicado que estas acciones pretenden restaurar los ecosistemas marinos y reducir el impacto de las actividades pesqueras en el medio ambiente marino.

   El plan pretende reducir el impacto de la pesca en los fondos marinos dada su importancia como puntos calientes de la biodiversidad marina de la UE, por lo que la Comisión pide a los Estados miembro que propongan recomendaciones conjuntas y adopten medidas nacionales para eliminar gradualmente la pesca de fondo móvil en todas las zonas protegidas, a más tardar, en 2030 y no permitirla en ninguna de nueva creación.

   Las primeras medidas deberían tomarse ya en marzo de 2024 para los lugares Natura 2000 de la Directiva sobre hábitats que protegen los fondos marinos y las especies marinas.

   Este paquete de políticas marítimas incluye cuatro documentos: una evaluación de la Política Pesquera Común, una evaluación de la organización común de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura, un Plan de Acción para proteger y restaurar los ecosistemas marinos para una pesca sostenible y resistente y una estrategia para la transición energética del sector pesquero de la UE.

   De forma paralela a la adopción de medidas y presentación de recomendaciones, la Comisión espera que los Estados miembro preparen y publiquen hojas de ruta en las que describan las medidas que tienen previsto adoptar para aplicar el plan de acción.

   Esta planificación debe incluir, al menos, detalles sobre la identificación de las zonas en las que debe prohibirse la pesca de arrastre, teniendo en cuenta los compromisos de los países de crear nuevas zonas marinas protegidas para 2030, así como detalles sobre las flotas afectadas por las medidas en esas zonas.

   Además, para mediados de 2023, los países de la UE deberán finalizar el límite para la extensión máxima admisible de lecho marino que puede perderse o verse afectada negativamente por la presión humana y tendrán que adoptar "sin demora" medidas nacionales o, en su caso, presentar recomendaciones conjuntas para aplicar estos umbrales.

   De este modo, la Unión Europea (UE) responde a los compromisos que asumió en el acuerdo alcanzado en la COP15 de Montreal (Canadá) sobre un nuevo marco mundial para la biodiversidad a partir, también, del compromiso de la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030 de garantizar la protección jurídica de sus mares con la ampliación de las zonas marinas protegidas del 12% actual al 30%.

   El paquete presentado por Bruselas también incluye la promoción de una transición energética para ayudar al sector a adaptar sus buques y equipos, mejorar las condiciones de trabajo y avanzar hacia fuentes de energía renovables y bajas en carbono. "Sabemos que se trata de una tarea ardua", ha reconocido el comisario, por lo que ha avanzado que la transformación será gradual, al tiempo que ha garantizado el diálogo entre todas las comunidades para sentar las bases de un sector pesquero "rentable, sostenible y resiliente".

   Sin embargo, Sinkevicius ha aclarado que la Comisión no propone la prohibición, sino que pide a los Estados miembro que apliquen todas las medidas pertinentes antes de marzo de 2024, y solo entonces, cuando haya evaluado las medidas, podrá presentar una propuesta legislativa, aunque para ello tendrá que realizar una evaluación de impacto en la que ha asegurado que se avanzará con "cautela" y respetando los principios sociales, económicos y medioambientales que garantizan la longevidad y la rentabilidad del sector pesquero.

POSTURA DE LA XUNTA

   Precisamente, el pasado lunes, el director xeral de Pesca, Antonio Basanta, se reunió con miembros del bufete de abogados J&A Garrigues --con juristas especializados en derecho comunitario-- y representantes de la Organización de Productores Pesqueros de Burela (OPP-7) para armar la estrategia de defensa de Galicia en el recurso contra el veto de Bruselas a la pesca de fondo en 87 áreas de aguas comunitarias.

   El Ejecutivo gallego avanza así en la línea de trabajo marcada por los juristas especializados a los que solicitó asesoramiento y que apuntaban que la mejor fórmula de una región para defender los intereses de su sector ante el reglamento aprobado por la Comisión Europea era acompañar como parte coadyuvante, puesto que la opción de iniciar una acción directa tendría pocas posibilidades de prosperar.

    Una vez que el recurso de la Organización de Productores Pesqueros de Burela ha salido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) --el pasado 6 de febrero--, la comunidad gallega tiene un plazo de seis semanas --hasta el 20 de marzo- para ejercer su potestad de actuar como parte coadyuvante. Precisamente, el Gobierno gallego explicaba que esta reunión se enmarca en el trabajo previo y de preparación de la intervención de la Xunta en el procedimiento iniciado por los armadores de la OPP-7 para tratar de anular el veto a la pesca de fondo.

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