Actualizado: miércoles, 10 julio 2013 17:03
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Coinciden en que, al margen de los criterios económicos, la Xunta debería preocuparse por las exigencias medioambientales

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Distintos colectivos contrarios a la mina de Corcoesto, que la canadiense Edgewater pretende abrir en la localidad coruñesa de Cabana de Bergantiños, han instado este miércoles a la Xunta a que dé el no "definitivo" a este proyecto y han anticipado que no relajarán las medidas de "presión social" hasta que esto ocurra.

   Así las cosas, la Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños, que agrupa a vecinos de todos los ayuntamientos afectados, entiende que el freno de la Xunta al proyecto supone el "reconocimiento oficial" de que el proyecto de Edgewater "incumple los requisitos ambientales y técnicos".

   Por ello, cree que debería suponer, por parte de las autoridades, la "retirada inmediata" de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que fue dictada "de forma inadecuada". Asimismo, exige que, si esta empresa quiere llevar adelante su proyecto, elabore un nuevo estudio de impacto ambiental "completo", con "todos" los informes pertinentes y lo presente de nuevo a la exposición pública.

   "No es de recibo que, después de dictar una DIA favorable, se esté hablando de presentar "nuevos informes". "La tramitación del proyecto debe hacerse de forma transparente y atendiendo a los protocolos establecidos y no por capítulos, como si se tratase de una telenovela", sostiene el colectivo.

   La plataforma admite que la comunicación de Economía a la empresa es "una victoria parcial" en la lucha contra la megaminería, fruto de la "gran presión social" ejercida contra el proyecto, pero matiza que "una nota de prensa" de la Xunta "no deja de ser publicidad y papel mojado".

   Así, espera ver "próximamente" en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una publicación "donde se recoja la negativa" a aprobar el proyecto. Mientras que esto no ocurra, avanza que "seguirá en su lucha" contra este proyecto "destructivo" en tanto no se produzca "su paralización definitiva y oficial".

"TOTALMENTE INVIABLE"

   En la misma línea, 'Salvemos Cabana' también ha exigido este miércoles la paralización total del proyecto, puesto que considera que, en las actuales condiciones, sería "totalmente inviable" continuar con una iniciativa industrial que ha sido "contestada con dureza y de manera permanente" durante el último año "desde los ámbitos social, ambiental, científico y económico.

   La plataforma entiende que, más allá de los criterios económicos que trascienden de la comunicación de la Consellería de Economía a la empresa, la Xunta debería respetar el conocido como "principio de precaución" de la Unión Europea, en virtud del cual los problemas ecológicos y sanitarios derivados de cualquier actividad humana hay que "preverlos de antemano e impedir que lleguen a producirse".

   Por todo ello, llama a tener en cuenta los resultados de cuatro textos científicos sobre la contaminación por arsénico en el río Anllóns y su estuario derivada de la actividad minera pasada, el peligro de rotura de las balsas de residuos de flotación y lixiviación contempladas en el proyecto, los "riesgos para la salud" y la "insolvencia" que la propia Xunta "pone públicamente en evidencia".

   Frente a la mina, defiende que hay "alternativas" consistentes en impulsar una economía productiva para el "principal motor de la zona", que "es su sector primario", a través de la producción de productos de calidad a nivel agropecuario y un turismo "sostenible".

"PARIPÉ" DE LA XUNTA

   Igualmente, el colectivo ecologista Adega ha criticado el "paripé" de la Xunta al pedir "garantías económicas y técnicas" a Mineira de Corcoesto --de Edgewater--, pero no aumentar las exigencias ambientales, una cuestión en la que denuncia el "silencio cómplice" de la Administración gallega.

   "¿Por qué la Xunta anuló sin más la fraudulenta DIA y pidió a la empresa una nueva evaluación ambiental?", se ha preguntado Adega, antes de denunciar que el Ejecutivo autonómico no está actuando de forma "imparcial" y de atribuir el paso dado en la pasada jornada a que se siente "acorralado por la presión social y las evidencias científicas de un desastre anunciado".