Touriño vincula la "notoria asimetría" de la respuesta al "papel" de las diputaciones y censura la "debilidad" de las de Lugo y Ourense
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Xunta de Galicia aprobará en el primer semestre de 2007 un Plan Territorial de Emergencias para garantizar una respuesta simétrica en toda la comunidad, si bien asume que "estructurar todo el sistema" y consolidar un modelo integral requerirá de unos tres años.
Así lo anunció hoy el presidente, Emilio Pérez Touriño, en la rueda de prensa posterior al último Consello de 2006, en el que el bipartito dio luz verde a la Ley de Emergencias y en el que, a mayores, se materializó el cese "por asuntos personales" del director xeral de Protección Civil, Antonio Espinosa, uno de los máximos responsables de la redacción de la normativa.
Touriño destacó la "extraordinaria relevancia" del texto aprobado, por cuanto "crea un marco de coordinación" entre las administraciones competentes ante una situación de emergencias y "establece con precisión" el ámbito integral de los servicios públicos esenciales.
Al respecto, la norma mantiene las responsabilidad en el ámbito municipal en los ayuntamientos y atribuye a las diputaciones las garantías de cumplir con la función de cohesión e igualdad en la respuesta. Así, para Touriño, el modelo actual presenta deficiencias por ser "heterogéneo, disperso, asimétrico" debido, según él, a la propia potencia de los consistorios y al "papel" jugado por los entes provinciales.
El presidente recordó que el único sistema integral está en A Coruña, soportado por el Gobierno de Salvador Fernández Moreda, puesto que el de Pontevedra es "a mucha menor escala" y los de Lugo y Ourense aparecen de ámbito comarcal y con una "debilidad extrema". "Más en una provincia que en otra", añadió.
ASIMETRÍA DE RESPUESTA
En consecuencia, censuró el "vacío" de las dos provincias orientales, que perpetúa una "asimetría de respuesta notoria" ante la que la normativa aprobada hoy aspira a "integrar" una reacción de cobertura provincial y de coordinación integral.
Para ello, el sistema se estructura en dos campos de actuación, la gestión de riesgos, que comprende su identificación y evaluación, la implementación de medidas estructurales de seguridad y la planificación y, por otra, la gestión de las emergencias, que comprende la activación de planes y la coordinación de los recursos para su control.
Asimismo, uno de los objetivos fundamentales de la ley radica en establecer con precisión la distribución de las responsabilidades públicas en materia de protección civil y gestión de emergencias, sin modificar sustancialmente el reparto de competencias y atribuciones entre las distintas admininistraciones públicas y órganos que existían hasta ahora.
Al respecto, el papel de la Xunta se centra en tres funciones fundamentales: la coordinación y dirección de la Protección Civil, la gestión de los servicios de forma unitaria y la gestión de las emergencias que superen los medios de respuesta de los que disponen las entidades locales.
AGENCIA DE EMERGENCIAS
Para desarrollarlas, se creará "lo antes posible" la Agencia Gallega de Emergencias, una estructura "profesionalizada", según Touriño, que ejecutará la política autonómica de Protección Civil y gestión de emergencias, así como la de sus medios y servicios, para responder en el ámbito de toda Galicia.
Para ello, la agencia actuará como instrumento de gestión de la Xunta y permitirá, entre otros objetivos, impulsar servicios existentes como el del 112, que aspira a integrar paulatinamente las posibilidades de respuesta inmediata de otras áreas, como la sanitaria o la de pesca.
Asimismo, regulará la formación y coordinará las emergencias para superar el ámbito sectorial y potenciar la gestión directa en casos de crisis, ya que hasta ahora había "barreras administrativas" y una estructura heterogénena en su diseño, financiación y estándares de formación que obstaculizaban el sistema.
En consecuencia, la ley "clarifica" el mando único ante emergencias e introduce novedades en el Estado, como la de establecer las condiciones para la declaración de emergencias de interés gallego por el presidente de la Xunta.
A mayores, la nueva planificación operativa introduce la previsión como sistema de previsión de riesgos, activada permanentemente y sometida a evaluación continua, con campañas estacionales, además de promover una gestión de emergencias profesional e integrada, que incorporará complementariamente al voluntariado y garantizará una dotación de recursos "permanentemente renovada".
COSTE
La puesta en marcha de la ley supondrá un coste mínimo de 50 millones de euros, en su mayoría destinados precisamente a la creación de la agencia, aunque también cubrirán la mejora de los medios materiales y humanos necesarios para aplicar una norma que, en su primer año, aspira a garantizar al 63 por ciento de la población una respuesta profesionalizada en menos de 20 minutos, cinco puntos por encima de los niveles actuales.
Con el reto de garantizar una "ordenación jurídica integrada y profesionalizada", el texto articula un mando único capacitado para movilizar los recursos disponibles y determina la organización competencial de las administraciones local, autonómica y estatal y sus distintas responsabilidades en materia de Protección Civil y Emergencias.
El modelo instaurado, aún reconociendo las competencias locales en materia de salvamento, mantiene una estructura de base provincial y establece la cofinanciación de los poderes locales y la Xunta, pese a las reticencias de las diputaciones.
A mayores, la ley implicará la formación y homologación de todos los profesionales vinculados a las emergencias, mediante la mejora de la cualificación de los diferentes niveles de trabajo o la regulación de la carrera de bombero, que permitirá potenciar la capacidad de respuesta ante nuevas situaciones.
COMPETENCIAS COMPARTIDAS
El sistema integrado articula las competencias compartidas por cada una de las administraciones y tiene en cuenta los mecanismos necesarios para que, cuando una emergencia supere los medios o las competencias de cada uno de los servicios específicos, la gestión integrada esté garantizada bajo un mando único capacitado para movilizar los recursos necesarios disponibles en la comunidad, con independencia de su adscripción admnistrativa.
La norma implicará la elaboración de un plan director de los servicios de emergencias que consolide este modelo integrado y definirá el sistema de ordenación territorial en la prestación de los servicios de emergencias, para superar "barreras administrativas y territoriales" y facilitar una distribución "más eficaz" de medios y recursos.
A mayores, el modelo organizativo se adapta al territorial, coordinada en el poder provincial, de modo que la Xunta pueda marcar los estándares de calidad y la formación necesaria, con la inclusión de la capacidad de ejercer en cada caso el mando único.
