Consumidores de Galicia aprueba la directiva europea contra el blanqueo ecológico: "Refuerza la economía circular"

La Ucgal se muestra "satisfecha" con la nueva norma, sobre todo en lo que respecta a la información sobre la durabilidad de los productos

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Europa Press Galicia
Publicado: jueves, 18 enero 2024 18:16

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) está "muy satisfecha" con la nueva directiva europea contra el blanqueo ecológico y contra la información engañosa y sostienen que con ella se "refuerza" la economía circular.

   Esta norma, aprobaba por la Eurocámara este miércoles con 593 votos a favor, 21 en contra y 14 abstenciones, mejorará el etiquetado de los productos y prohibirá el uso de alegaciones medioambientales engañosas.

   Según apunta en un comunicado el propio Parlamento Europeo, se busca "proteger a los consumidores de las prácticas comerciales engañosas y ayudarles a elegir mejor sus compras".

   Para lograrlo, se añadirán a la lista de prácticas comerciales prohibidas de la UE una serie de hábitos comerciales "problemáticos" relacionados con el blanqueo ecológico y la obsolescencia temprana de los productos.

   "Nos parece especialmente interesante en cuanto a la durabilidad de los productos, ya que hace hincapié en no usar y tirar. Pero tiene que venir acompañado de garantías", explica el secretario de Ucgal, Miguel López.

   La nueva legislación tratará de "hacer que los productores y consumidores se centren más en la durabilidad de los bienes". Ahora, la información sobre la garantía deberá ser más visible y se creará una nueva etiqueta armonizada para dar más visibilidad a los productos con un período de garantía ampliado.

   También se prohibirán las alegaciones infundadas sobre la durabilidad --decir que una lavadora durará 5.000 ciclos de lavado si no es cierto en condiciones normales--, las incitaciones a sustituir los consumibles antes de lo estrictamente necesario --como ocurre con la tinta de impresora-- y presentar los productos como reparables cuando no lo son.

   Para López, la directiva es "muy positiva" a este respecto, ya que impulsa el "consumo responsable y sostenible", así como la economía circular frente a la cultura del 'usar y tirar', "impulsada sobre todo por las grandes corporaciones".

MÁS "PROBLEMÁTICO" EN EL GREENWASHING

   Donde la asociación se muestra más suspicaz es respecto al blanqueo ecológico, sobre todo en cuanto a los procesos de certificación que deben pasar las empresas.

   La nuevas norma pretende que el etiquetado de los productos sea más "claro y fiable" mediante la prohibición del uso de alegaciones medioambientales genéricas como 'respetuoso con el medio ambiente', 'natural', 'biodegradable', 'climáticamente neutro' o 'eco' "sin prueba alguna".

   También se regulará a partir de ahora el uso de etiquetas de sostenibilidad, "dada la confusión provocada por su proliferación y por no utilizar referencias comparables". La Unión solo permitirá estos identificativos basados en sistemas de certificación oficiales o establecidos por las autoridades públicas.

   Asimismo, la directiva prohibirá alegaciones de que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente gracias a los sistemas de compensación de emisiones.

   Esto es lo que en el mundo del marketing se conoce como 'greenwashing' (en castellano, 'ecoimpostura' o 'ecopostureo'), tal y como cita el propio López. Se trata de una forma de propaganda para promover la percepción de que los productos, objetivos o políticas de una organización son respetuosos con el medio ambiente con el fin de aumentar sus beneficios.

   Si bien es cierto que "hasta ahora la información" aportada por las corporaciones a este respecto "no se podía contrastar, sobre todo por parte del consumidor", algo que con los procesos de certificación sí se solucionaría, el problema va a estar en qué criterios se seguirán para esos procesos.

"FALTA REGULACIÓN EN CUANTO A SOSTENIBILIDAD"

   Asimismo, el secretario de la asociación de consumidores gallegos pone el foco en la definición de 'sostenibilidad', que para él está incompleta.

   Señala que debería abordarse desde una triple perspectiva: la ambiental, pero también la social y la económica. Es decir, por ejemplo, si se hace un pago justo a los productores o el impacto de la actividad en el territorio.

   Sobre esto, apunta que falta normativa a nivel estatal. Precisamente otro de los puntos sobre los que ha incidido Miguel López es en la transposición de la directiva al ordenamiento español. "Hay que ver ahora cómo se traslada a España", ha deslizado.

   Y es que la directiva, una vez que reciba la aprobación final del Consejo, se publicará en el Diario Oficial y los Estados miembros dispondrán de 24 meses para incorporarla a su ordenamiento jurídico nacional.

   Miguel López también ha querido reivindicar la "unanimidad" con la que se ha adoptado la norma, un elemento "positivo" a tener en cuenta y que muestra el interés y sensibilidad respecto a este tema.

   Concluye el secretario insistiendo en lo positivo de la directiva pero animando a ser ambiciosos e ir más allá en cuanto a sostenibilidad para que "no queden cosas en el tintero".

"ESTA LEY CAMBIARÁ LA VIDA COTIDIANA DE LOS EUROPEOS"

   La ponente de la norma, Biljana Borzan (S&D, Croacia), ha asegurado que esta ley "cambiará la vida cotidiana de todos los europeos". "Nos alejaremos de la cultura de usar y tirar, haremos que el marketing sea más transparente y lucharemos contra la obsolescencia prematura. Los consumidores podrán elegir productos más duraderos, reparables y sostenibles gracias a etiquetas y publicidad fiables", ha afirmado.

   "Pero, sobre todo, las empresas ya no podrán engañar a la gente diciendo que las botellas de plástico son buenas porque la compañía plantó árboles en algún lugar, o que algo es sostenible sin explicar cómo. ¡Esta es una gran victoria para todos nosotros!", ha reivindicado.

   Recalcan que la nueva directiva está pensada para funcionar conjuntamente con la Directiva sobre alegaciones ecológicas, que se debate actualmente en el Parlamento y que será "aún más específica". "Elaborará con mayor detalle las condiciones para hacer alegaciones medioambientales", apuntan.

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