Aumentan un 4% las multas coercitivas impuestas, hasta 541, con un importe de 1,7 millones, un 10% superior al del año anterior
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las demoliciones por ilegalidades urbanísticas en 2016 se situaron en 182 en Galicia, lo que supone un aumento del 18% respecto a 2015. Un 86% de ellas fueron voluntarias, unas 157, y el restante 14%, esto es, unas 25 actuaciones, fueron ejecutadas de manera subsidiaria por la Axencia de protección da legalidade urbanística.
Así se desprende del balance de actividad de este organismo relativo al pasado ejercicio, que ha presentado este miércoles en rueda de prensa el director de la agencia, José Antonio Cerdeira.
De esta manera, las demoliciones siguen su tendencia al alza en la comunidad: fueron 37 en 2009, una más en 2010 (38), tanto en 2011 como en 2012 se registraron 72, aumentaron hasta el centenar en 2013, llegaron a ser 129 en 2014 y el dato de 2015 había ascendido hasta 154.
El grado de reposición de la legalidad urbanística por parte de los particulares (un 86% de los casos) lo ha relacionado el responsable del ente con la percepción ciudadana de que cumplir con la legalidad es la solución última y con la que se evita un mayo número de multas. Con todo, en 2015 habían sido voluntarias el 90% de las demoliciones.
EN TOTAL, 462 EXPEDIENTES
El pasado ejercicio se iniciaron 462 expedientes de reposición de la legalidad al amparo de la ley de ordenación urbanística de 2002 y de la ley de costas, frente a los 232 de 2009: es decir, que se incrementó la actividad en ese ámbito en un 99%.
De ellos, los resueltos fueron 458, una nueva marca para la agencia, con una cifra que reivindica haber ido consolidando año a año desde 2009, cuando se registraron 121. Según ha apuntado Cerdeira, 119 de los 458 resueltos fueron remitidos a la Fiscalía.
A este respecto, Cerdeira ha resaltado que en un 90% de los casos la Fiscalía confirmó las resoluciones de la Axencia de protección da legalidade urbanística, lo que, según ha subrayado, es prueba del rigor y profesionalidad con la que trabaja este organismo.
Durante el pasado año, la agencia remitió a Fiscalía un total de 119 expedientes, frente a los 153 remitidos en el año 2015, por un supuesto delito contra la ordenación del territorio.
A juicio del responsable autonómico, este dato pone de manifiesto que los cauces y canales de colaboración entre las distintas administraciones funcionan para avanzar en el reto de concienciar sobre el respeto por el territorio y el paisaje de Galicia.
Además, la agencia tiene la función de velar por la protección de la costa, asumiendo las competencias de reposición y sanción en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. En 2016, se resolvieron 106 expedientes sancionadores en el litoral, frente a los 49 del año anterior.
MÁS MULTAS
Las multas coercitivas impuestas por la Axencia de protección da legalidade urbanística aumentaron un 4% en 2016 en relación con 2015, al pasar de 520 a 541. El importe ascendió un 10,4%, hasta situarse en 1,7 millones de euros.
Con todo, la cifra de multas es inferior a la que se impuso en 2014 (cuando fueron 550) y también a la de 2013, cuando se contabilizó el número máximo (586).
En lo referente a la cuantía, en 2012 estas multas alcanzaron su valor record, de 1,92 millones de euros. Desde entonces bajaron hasta 975.000 euros en 2013 y tomaron una tendencia ascendente a partir de ese momento: 1,36 millones en 2014, el siguiente año 1,54 millones y en 2016 los 1,7 millones mencionados.
