Los afectados afirman que Construcuatro "quiere dar carpetazo" y evitar que la acusen de un posible delito fiscal
VIGO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El colectivo de afectados por los sobreprecios en vivienda protegida del barrio vigués de Navia, supuestamente cobrados por la promotora Construcuatro, pedirán "de inmediato" el amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al considerar que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Vigo, que lleva el caso, "no ha actuado con toda la diligencia" que el procedimiento requería.
Uno de los 34 denunciantes, Guillermo Vivero, denunció hoy, en rueda de prensa, que ni la jueza viguesa ni el Ministerio Fiscal "han hecho ni están haciendo nada", puesto que durante los seis meses y medio que duró el secreto de sumario "no se ordenó absolutamente nada" en lo que a investigación se refiere.
"A partir de ahí, todo lo que se hizo fue a requerimiento nuestro", aseveró, en referencia a la documentación y pruebas entregadas por los propios perjudicados, entre las que figuran varias grabaciones en las que supuestamente se demuestra el cobro de cantidades en dinero negro para la compra de pisos.
Así, los afectados, quienes interpusieron las primeras denuncias en los juzgados de la ciudad olívica en diciembre de 2006 y reclaman aproximadamente un millón de euros a la promotora, insistieron en que "lo único realizado por el Juzgado fue la petición de documentación fiscal de Construcuatro".
Vivero lamentó que, una vez que se levantó el secreto de sumario sin, según ellos, haberse realizado pesquisas por parte del Juzgado, la empresa tuvo conocimiento de que estaba siendo investigada y "fue a Hacienda a realizar una declaración complementaria sobre ésta y otras promociones", en la que figuran cantidades de unos tres millones de euros, de los que 1,8 millones corresponderían al edificio número 25 de Teixugueiras. Según los denunciantes, con esta acción, Construcuatro "quiere dar carpetazo" y eludir un posible delito fiscal.
"No se habla, no se toman decisiones ni se cuenta con nosotros para nada", insistió Guillermo Vivero al respecto de la actividad judicial, mientras que aseguró que "lo poco que se ha hecho ha sido a favor de Construcuatro".
Así, debido a la voluntad de los afectados de "romper con esta dinámica", han solicitado a su abogado, Antonio Salceda, que realice "de inmediato" la petición de amparo para evitar que la promotora "escape a la vía penal" y reclamar "más atención" del Juzgado y la Fiscalía.
El afectado, quien criticó el "desinterés" del Juzgado de Instrucción y afirmó que "el abogado hizo peticiones al juzgado que no fueron atendidas". Asimismo, indicó que "el procedimiento va muy lento" por lo que "parece que se favorece al rico en detrimento del pobre". A este sentido, aseguró que "cada mes que pasa es un poco más de castigo" para los denunciantes.
DELITOS.
Los afectados consideran que a la promotora, participada por el presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, se le podría imputar un delito de "maquinación para la alteración de bienes de primera necesidad, otro de "coacciones y amenazas", otro por "fraude fiscal" y otro contra la Hacienda Pública.
Por otra parte, los afectados reiteraron sus denuncias de que "además de haber pagado más por las viviendas", éstas no reunían las calidades estipuladas. En este sentido afirmaron que en "10 días o dos semanas" esperan recibir el proyecto del edificio para que la Consellería de Vivenda revise los pisos y compruebe si se ajustan o no al proyecto.
En cuanto al departamento autonómico, aseguraron no entender que no se haya personado en el procedimiento penal. Además, recordaron que, en su día, pidieron que la consellería paralizase la vía administrativa abierta a raíz de los hechos, puesto que el procedimiento judicial "prevalece", pero el fiscal consideró que "no ha lugar".
