Recuerda que los tribunales superiores de justicia, aunque estén en las CC.AA., "no son de titularidad autonómica sino estatal"
A CORUÑA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, consideró hoy el anunció de diálogo con ETA anunciado ayer por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como un "acto de responsabilidad encomiable" y "una solución razonable y conveniente".
López Guerra manifestó que la decisión del presidente se ha realizado bajo una "perspectiva razonable y de sentido común", que tiene como objetivo "prioritario" que se regularice "de una vez por todas" la situación del País Vasco.
El secretario de Estado de Justicia realizó estas declaraciones durante el acto de clausura del curso '25 años de Poder Judicial', desarrollado en el Pazo de Mariñán, en A Coruña.
En relación a la actuación de los jueces en cuanto a su posible influencia en el proceso de paz y las declaraciones de determinados políticos en las que se apuntaba una posible politización de la Justicia, López Guerra recordó que en España existen unos 4.300 jueces que se ocupan de, aproximadamente, ocho millones de casos al año, de los que la "inmensa" mayoría no tienen nada que ver con la política.
Así, señaló que en aquellos expedientes que sí tienen relación con cuestiones políticas, en España existe un sistema de "múltiples" instancias lo que asegura que no predomine la decisión de un único juez. Destacó además, que en caso de que se produjese algún tipo de irregularidad o decisión imparcial, existen mecanismos encargados de dar solución a este tipo de situaciones.
SEDE DEL TSXG
En relación a la propuesta del Partido Popular que pide que se especifique en el texto del Estatuto de Autonomía de Galicia que la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia debe estar en la ciudad de A Coruña, López Guerra declaró que para tomar esta decisión se debe tener en cuenta, por un lado, la organización "más racional" de las instituciones judiciales y, por otro, la tradición histórica.
Asimismo, recordó que los tribunales superiores de justicia, aunque estén en las comunidades autónomas, "no son de titularidad autonómica sino estatal", y señaló que fijar la capitalidad "sí debe decidirse con criterios políticos".
