Un exje de negociado de atención domiciliaria en Ourense explica ante el juez el control de pagos y facturas

Actualizado: martes, 17 diciembre 2013 22:18

Los abogados firman el desprecintado de los discos duros de ordenadores requisados a Marga Martín y a dos empresarios

OURENSE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exjefe de negociado de atención domiciliaria en el Ayuntamiento de Ourense Juan José Monedero ha explicado este miércoles ante el juez, en su calidad de imputado, el control de facturas y pagos que realizó durante los seis meses del año 2009 que la titular de este servicio estuvo de baja por enfermedad.

De hecho, también ella está imputada en el caso de la ayuda a domicilio, y lo mismo ocurre con otra persona que ejerció la misma labor en el Consistorio ourensano.

Durante esta jornada, Monedero declaró ante el titular del juzgado de instrucción número dos de Ourense --en la sala del juzgado de guardia-- y respondió también a preguntas de todas las partes, al contrario de lo que ocurrió con los otros siete imputados en este caso.

Según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, el exjefe de servicio explicó que en su época las empresas que formaban la UTE Troncoso Saludges Servicios Sociosanitarios --encargada de la atención domiciliaria desde 2007-- facturaban cada mes por el número de auxiliares contratados para atender a todos los usuarios registrados.

Cobraban por ello y no por el servicio prestado, como sostuvo, y apuntó que también se hacía así cuando la concesionaria era la empresa Eulen. Además, indicó que la fiscalización para que los datos fuesen reales la hacían la propia UTE.

APERTURA Y CLONADO DE ORDENADORES

Tras su declaración, los abogados de las partes asistieron al desprecintado de los ordenadores requisados a los empresarios y a la concejala de Bienestar Social, Marga Martín, y firmaron el acta correspondiente para pasar a la copia de los discos duros.

Ahora, el juez buscará en ellos correos electrónicos entre los empresarios Alberto L. y José Fermín R. y la edila, todos ellos imputados en este caso --junto con cinco funcionarios--, iniciado judicialmente en diciembre de 2012 a instancias de Democracia Ourensana.